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El Instituto de Previsión Social (IPS) acumula al menos tres meses de déficit en su flujo de caja, esto debido a la fuerte reducción que sufrieron los ingresos desde el inicio de la cuarentena en marzo de este año. En mayo último, la caída de los ingresos fue del 43%, esto representa alrededor de US$ 43 millones menos que dejó de ingresar solo en ese mes, considerando que el flujo promedio es de US$ 100 millones al mes.
De momento, con algunos ajustes internos de gastos tienen garantizado el salario de los funcionarios hasta este mes; pero en julio, la situación será más crítica, por lo que urgen mecanismos de financiamiento para calzar su presupuesto, detalló Armando Amarilla gerente administrativo y financiero del ente previsional.
El funcionario detalló que la merma en las recaudaciones se da porque cientos de empresas están actualmente con suspensiones e incluso cierres, por lo que se han acogido a los beneficios de la Ley de Emergencia para estos casos, la que establece una moratoria o postergación de los aportes correspondientes a marzo, abril y mayo para las empresas afectadas por las medidas sanitarias. Si bien en este mes se reanudan estos cobros, muchas empresas se acogieron al pago fraccionado también previsto en la citada ley de emergencia.
Amarilla detalló que, a la fecha unas 11.000 empresas ya solicitaron el fraccionamiento de sus aportes hasta en 18 cuotas, por lo que estima que el bajón de recaudaciones seguirá por lo menos hasta fin de año; aunque todo depende de como se vayan dándose las fases de reactivación económica.
El ente previsional procesó alrededor de 100.000 suspensiones laborales que fueron informados por los patronales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Analizan propuestas
Según detalló el funcionario, el Consejo Directivo está analizando varias propuestas, aunque para todos los casos requerirán autorización por Ley. Una de las opciones es solicitar un préstamo a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), en las mismas condiciones que establece la Ley de Emergencia para las instituciones públicas, pero que en el articulo no se incluyó al ente previsional.
El préstamo del BNF para entes públicos afectadas por la pandemia contempla un año de gracia y financiamiento hasta en 36 meses.
La otra propuesta es lograr autorización para licitar un fideicomiso en el sistema financiero por unos US$ 450 millones, que se estima cubriría el descalce en el presupuesto que sufrirá el ente previsional en el marco de esta cuarentena, además de algunas inversiones en infraestructura hospitalaria. Ambas propuestas están siendo analizadas en el ámbito del Legislativo ya que se requiere de una autorización legal para poder darles curso, según precisó.
Indicó también que para calzar su presupuesto, el IPS no puede tocar los fondos jubilatorios, que son unas reservas técnicas blindadas por ley y no deben usarlos para en el Fondo de Salud ni para en los gastos administrativos.
El gerente financiero del IPS explicó que los servicios a los asegurados suspendidos o cesados en el marco de la cuarentena se están realizando habitualmente y que están garantizados como estipula la ley, a pesar de que no reciba la contraprestación de los aportes por parte de los empleadores.
Fondo de Emergencia
El gerente del IPS recordó que los US$ 100 millones transferidos por el Gobierno (como parte de la deuda histórica) en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria es exclusivamente para cobertura de compensaciones económicas a empleados suspendidos durante la cuarentena y para reposos covid-19.
Con el segundo pago a trabajadores suspendidos que se viene realizando desde la semana pasada, todavía queda un saldo de aproximadamente US$ 40 millones de dicho fondo, pero este fondo está blindado exclusivamente para los fines establecidos en la ley de referencia.