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El último viernes, el cuestionado vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, anunció que desde el Poder Ejecutivo impulsarán una ley que habilite al sector privado para que acceda al negocio del mercado eléctrico.
Esta propuesta, que ya fue presentada, impulsada y luego rechazada por los diferentes gobiernos, desde el de Fernando Lugo hasta Horacio Cartes, así como por los sectores sindicales se reflota ahora que se acerca el 2023, año en que deben revisarse las disposiciones del Anexo C, bases financieros y de prestación de los servicios de electricidad del Tratado de Itaipú.
El 28 de mayo último, el Ing. Nelson Cristaldo, especialista del sector eléctrico, se reunió con el vicepresidente Velázquez; el ministro de Hacienda, Benigno López, y el diputado Carlos Núñez Salinas. Les presentó el proyecto de Ley “Del marco regulatorio del sector” que, de aplicarse, “será la mayor reforma del país en los últimos 30 años”.
Cristaldo comentó que en la década de los 90, en gran parte del mundo, se crearon los mercados internos y regionales de energía, pero que Paraguay no fue parte de las reformas porque entonces no tenía las mismas características que los países vecinos. “En Latinoamérica, los únicos países sin un órgano regulador son Cuba, Venezuela y Paraguay”, dijo.
Según Cristaldo, la mayor importancia de la reforma es la actualización del sector eléctrico. “Paraguay debe estar en el mismo nivel que el resto de nuestros vecinos, que llevan años operando sus mercados de energía. Paraguay es el mayor productor y exportador de energía, sin embargo, hasta ahora solo cedemos energía. Nunca, hasta ahora la vendimos”, afirmó. Por ello, dice que para poder hablar de venta, de precio justo se debe hablar de mercado necesariamente.
“Toda la riqueza producida en Paraguay se debe al capitalismo y el mercado interno y externo, por la venta de soja, carne, servicios, entre otros. Es momento de que nuestros grandes recursos energéticos generen también riqueza para el pueblo paraguayo y sea la palanca de desarrollo industrial”, añadió. Agregó que el marco regulatorio abarca el mercado interno y regional, crea las condiciones legales y las herramientas técnicas para licitar y vender nuestra energía de las binacionales, crea la posibilidad y los incentivos para que los capitales privados inviertan en la tan requerida infraestructura eléctrica, lo cual genera competencia, eficiencia, tarifas más bajas y un mejor servicio a los usuarios.