Investigan nuevos hechos de corrupción en el Indert

Presuntos hechos nuevos de corrupción son investigados en Indert, por cobros indebidos de su titular, Mario Vega; hechos punibles contra el patrimonio y la prueba documental, entre otros, según se supo ayer tras un allanamiento.

Imagen del allanamiento de ayer en el Indert, por el fiscal Luis Said Frágueda.
Imagen del allanamiento de ayer en el Indert, por el fiscal Luis Said Frágueda.Archivo, ABC Color

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Una comitiva fiscal integrada por Luis Said Frágueda realizó ayer por la tarde el allanamiento del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), oportunidad en que se incautaron documentos y equipos varios.

Acorde con la documentación, la causa caratulada se denomina “investigación fiscal sobre hecho punible contra el patrimonio, contra la prueba documental, contra el ejercicio de funciones públicas y otros”.

Los datos indican que en fecha 26 de mayo del corriente, se recibió la denuncia formulada por la señora María Lorena Báez Jara, funcionaria del Indert, que se desempeñaba como directora de Tesorería del ente, desde el mes de abril de 2019 hasta el 30 de abril del presente año. Uno de los puntos de la investigación en este caso se dirige hacia un fondo de un cheque G. 29.064.690, de la cuenta del Indert, 438.056-5, del Banco Nacional de Fomento, que la tesorera se negó a firmar y luego lo hizo bajo presión, sin que concuerden con los rubros destinados para la reposición de la caja chica.

Otro hecho denunciado es el supuesto cobro irregular en concepto de bonificaciones por parte del presidente del Indert, abogado Mario Vega, que se había desarrollado por un determinado lapso.

También incluye la denuncia hechos relacionados al desembolso de dinero a favor de la ONG Fundación Cerro Lambaré (Fucela), específicamente la suma de G. 300 millones, sin contar supuestamente esta operación con los respaldos documentales administrativos que corresponden.

En contraparte, el titular del Indert, Mario Vega, dijo respecto a las construcciones de sistemas de agua del año 2014 y 2015, de la administración anterior, que pagó una parte de la deuda pendiente, que asciende a G. 300 millones, porque fue culminado y la institución está obligada a pagar. “Estoy abierto para colaborar con los investigadores. Me llama la atención la forma que efectuaron el procedimiento, mi tesorera, cuyo celular fue incautado, asumió el cargo hace una semana”, expresó.

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