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La cartera fiscal empezó a pagar los salarios públicos el último lunes, al día siguiente se abonó haberes a los jubilados beneficiarios de la Caja Fiscal y mañana se desembolsará la pensión para veteranos de la Guerra del Chaco y los adultos mayores en situación de pobreza.
Se estima que en este mes poco más de US$ 100 millones del crédito de emergencia serán destinados a financiar los salarios del personal de blanco de salud pública y de las fuerzas públicas (militares y policías), debido a que los fondos genuinos todavía no alcanzan para cubrir estos beneficios en su totalidad.
Al referido monto se sumará posteriormente lo que demanden las jubilaciones y pensiones (no se dispone aún del dato), que también requieren de una parte de los recursos de emergencia creados para mitigar los efectos del coronavirus o covid-19.
En abril el paquete de salarios, jubilaciones y pensiones demandó US$ 184 millones del préstamo de emergencia, pero los técnicos aseguran que en mayo la cifra será menor porque, a diferencia de abril, los beneficios del sector de docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se vuelven a cubrir con los recursos de la recaudación de impuestos.
Además, los ingresos genuinos aumentaron luego de que se implementara la cuarentena inteligente y se reiniciara una parte importante de las actividades económicas que estaban paralizadas anteriormente.
Ley de emergencia
La ley de emergencia sanitaria autoriza al Gobierno a endeudar al país hasta por un monto de US$ 1.600 millones, a fin de asegurar fondos para el sistema de salud y enfrentar la pandemia del coronavirus; así también mitigar el impacto en la economía.
De acuerdo a la distribución realizada de estos recursos, para el funcionamiento del Estado se prevé destinar un total de US$ 553 millones, que incluye cubrir salarios de docentes, médicos, policías y militares; jubilaciones, servicio de la deuda y los programas Tekoporã y Adultos Mayores.
Para el Ministerio de Salud Pública se prevé US$ 514 millones, para la compra de insumos, equipos médicos y otros gastos.
El programa de protección social, por su parte, tiene presupuestado US$ 408 millones, que incluye el pago de subsidios a trabajadores informales o cuentapropistas y trabajadores formales, éste último grupo que cobra a través del IPS.
Igualmente, se dispone de US$ 64 millones para mipymes y capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); y US$ 62 millones para pago de subsidios por servicios públicos (ANDE, Essap, Copaco).
Plan de reactivación
A la par de la implementación de la ley de emergencia, el Ministerio de Hacienda ya apunta a la implementación de un plan de reactivación económica pospandemia.
El proyecto sigue en proceso de ajuste y se cree que la próxima semana se pondrá a consideración del Equipo Económico para su aprobación.
El plan inicial barajado es inyectar a la economía US$ 2.500 millones, principalmente a través de obras de infraestructura, pero hasta ahora no se definió cómo se financiará, ya que por un lado se habla de redireccionar préstamos ya existentes y, por otro, recurrir a un nuevo endeudamiento para cubrir parte del proyecto, lo que la ciudadanía ya rechazó.