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Hoy se recuerda el Día del Trabajador, en medio de una pandemia que trajo consigo un escenario de incertidumbre en el ámbito laboral, especialmente.
Desde el inicio de la cuarentena, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) ya recibió más de 7.000 solicitudes de suspensión de contrato que afecta a más de 88.000 trabajadores. Así también, en abril, esta cartera recibió más de 2.000 denuncias por despido injustificado, confirmó la ministra Carla Bacigalupo, quien añadió que el número de despidos sin causa es mayor, pero que resulta difícil saber con exactitud ya que muchos trabajadores no se animan a denunciar.
Añadió que el número de suspensiones podría superar los 100.000 para mayo. En este sentido, agregó que en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) se ve la posibilidad de que los trabajadores suspendidos puedan recibir el subsidio de la previsional mucho antes de que se emita la resolución.
Bacigalupo sostuvo que también se trabaja para que los empleados cuyas empresas están en mora con el IPS puedan recibir el subsidio de igual manera. Subrayó que las mayores desvinculaciones se reportan desde el sector gastronómico, en iglesias, fundaciones, universidades, centros educativos, sanatorios y otros establecimientos. “Si la reactivación económica retorna con la cuarentena inteligente y no retrocedemos, el nivel de desempleo no aumentará mucho más”, expresó.
Sin embargo, si el escenario es al revés y se vuelve a la cuarentena rígida, se daría otro panorama. Entre los sectores más afectados están las industrias que mueven más de 500.000 puestos de trabajo.
Seguro de desempleo
Por otra parte, sostuvo que para la próxima semana tendrían en borrador final el proyecto de ley que prevén presentar al Congreso, consistente en el seguro de desempleo. Para ello, se tendrá que ver las opciones de fondeo; en la región, solo Paraguay y Bolivia carecen de este seguro.
Bacigalupo instó a denunciar los casos de incumplimiento por parte de las empresas, sobre todo si estas están descontando y no aportan al IPS. Considerando que hay varios casos de esta índole, dijo que están viendo para que los trabajadores afectados puedan recibir el subsidio, ya que la retención del aporte representa un delito de acción penal público.
Se habla hasta ahora de más de 6.000 empresas al borde de la bancarrota.