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La ley de emergencia sanitaria les ha permitido a las distintas convocantes la posibilidad de comprar bienes y servicios relacionados a la lucha contra el covid-19 sin tener un filtro previo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), sin difusión anticipada de los llamados, sino que recién después de la adjudicación se suben los documentos al portal de Contrataciones.
“Hasta el día de hoy, los pliegos de esas compras por vía de la excepción estaban en cada una de las convocantes y eran entregados a quienes manifestaban su interés de participar, pero sin control alguno y sin posibilidad de verificar que realmente sean entregados por parte nuestra. Esta situación nos dejaba en una dificultad bastante compleja a la hora de analizar, porque todo el control se efectúa luego de que sea firmado y comunicado el contrato”, dijo ayer a nuestro diario el titular de la DNCP, abogado Pablo Seitz, al mismo tiempo de mencionar que firmó una nueva resolución que obliga a que incluso en contrataciones por vía de la excepción publiquen el pliego de bases en el portal (desde hoy).
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) es uno de los entes que recurrió a esa modalidad, pero no solo adquirió por medio de ella los insumos necesarios para combatir el coronavirus o los equipamientos médicos y afines, sino además, para adquirir cámaras de seguridad para el Hospital Nacional de Itauguá, así como walkies. ¿Cuál es la necesidad de convocar un viernes y establecer fecha de apertura de sobres el lunes siguiente, dejando a las oferentes el tiempo de preparación de sus propuestas en sábado y domingo? Esa pregunta la hicimos a varios referentes de la institución, que en general, “se pasaron la pelota”.
El exasesor legal del ministerio, abogado Pablo Lezcano, admitió que el proceso se programó cuando él todavía estaba en ese cargo, pero alegó que no fue el responsable, sino que lo es el Hospital. “Se pidió por urgencia para el nuevo bloque construido; la zona no tiene murallas y está con equipamiento que puede ser objeto de sustracción, de ahí la urgencia. De todas maneras, el proceso en la fecha se prorrogó por consultas de potenciales oferentes a las especificaciones, una vez se conteste se procederá a la apertura. Son muchas las empresas invitadas y otras tantas las que solicitaron”, explicó Lezcano.
Al derivar la misma consulta al director de administración y finanzas del MSPBS, Alcides Velázquez, éste tampoco se hizo responsable, pese a ser ordenador de gastos. “Sería bueno, tal como le indicó el abogado Lezcano, que traslade su consulta a la Dirección del Hospital Nacional a fin de evacuar sus dudas. Es importante mencionar que la dependencia solicitante y que alega la urgencia es el Hospital Nacional”, indicó.
Velázquez nos envió un documento, fechado el 3 de abril y firmado por la directora general del citado centro asistencial, doctora Yolanda González, en el que se solicita urgentemente la compra y menciona la ley de emergencia. Sin embargo, en comunicación telefónica con nuestro diario, González reconoció que el proceso licitatorio quedó a cargo del Ministerio. “Nosotros no manejamos la parte de la licitación. Lo único que te puedo decir es que tengo que poner cámaras antes que haya pacientes. Esa es nuestra necesidad”, resaltó.
Al ser insistida por qué se lanzó viernes el llamado y se pretendió recibir ofertas el lunes siguiente, reiteró que ella envió la nota el 3 de abril, sin saber qué fecha precisamente se levantaría al portal (al área de “Intenciones de Excepción con Difusión Posterior”).
También la jefa de terapia del Hospital Nacional de Itauguá, doctora Yolanda Ramos, se comunicó con ABC, para alegar que en la terapia es necesario tener circuito cerrado, para garantizar la seguridad del personal como de los pacientes. “Varias personas fueron salvadas gracias a las cámaras o algunas (funcionarias) llevadas a sumario”, subrayó. Pero al igual que Yolanda González, la doctora Ramos también argumentó que no se involucró en la elección del tipo de modalidad del llamado.
Obras en escuela, pese a tener clases virtuales hasta fin de año
El MSPBS no es el único que argumentó la ley de emergencia para contrataciones “impostergables”, sin publicar pliego. También lo hizo la Gobernación de Guairá, en el llamado de “urgencia impostergable para la culminación de obra en el Colegio Nacional de Villarrica”.
El mismo día en que el Gobierno Nacional anunció oficialmente la suspensión de clases presenciales, es decir ayer, la Gobernación levantó al portal la convocatoria para ampliar el citado colegio villarriqueño. La fecha de apertura de sobres es este jueves, 30 de abril.
No hemos podido dar con el encargado de UOC, Carlos Araújo, pues nadie contestó ayer al número terminado en 274.
Por otro lado, la municipalidad de Santa Rosa, Misiones, publicó el pasado 22 el llamado para contratación directa vía excepción, también alegando emergencia sanitaria, para adquisición de equipamientos de pozos de agua.
No hemos podido conversar con Perla Raquel González (terminación de teléfono 420), para tener la explicación oficial de la Comuna.
El verdadero fin de la ley de emergencia
Para hacer frente a la pandemia y sus secuelas, se autorizó al Gobierno a endeudarnos por US$ 1.600 millones. De estos fondos se financian muchas de las compras en curso.
De acuerdo con los datos de la DNCP, el espíritu de la ley de Emergencia pretendía agilizar las compras vitales para combatir el avance del covid-19 en nuestro país. Por eso se saltan los pasos habituales de los tipos de llamados previstos en la ley 2051 de Contrataciones Públicas. Pero mientras algunos llamados son para adquirir medicamentos, insumos de salud, equipamientos, kits de alimentos para zonas vulnerables, otras convocatorias levantan serias sospechas de direccionamiento.