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La empresa portuguesa Mota Engil, excontratista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la obra del fallido metrobús, una vez más violó el contrato que firmó el 31 de marzo del 2016, al “exigir” que el primer arbitraje al que recurrió se realice en Chile y no en Paraguay, como se estableció desde el principio. ABC consultó a uno de los referentes de Mota, João Figereido, las implicancias de trasladar el arbitraje a otro escenario, en lugar de llevarlo a cabo en Asunción, como manda el contrato, pero se excusó de responder alegando que el proceso está en desarrollo. “Como podrá entender, no hago comentarios dado el proceso arbitral en curso”, se limitó a decirnos.
No obstante, el experto en derecho administrativo, el abogado Theodore Stimson, manifestó ayer que la empresa europea tendrá más ventajas si consigue que el caso se trate en otro país y que esto viola lo convenido originalmente.
“En los cálculos de Mota, tendrán mayores probabilidades de éxito donde el Estado paraguayo no pueda hacer sentir su peso de local. En lo posible preferirá litigar fuera del Paraguay, aunque las reglas en teoría son las mismas. En ningún proceso existen certezas sobre el resultado, se hacen cálculos sobre las probabilidades de objetividad e imparcialidad entre un foro y otro”, indicó Stimson.
Se trata de la primera demanda que presentó la compañía europea contra el Estado Paraguayo, en diciembre del año pasado, en la cual reclamó US$ 25 millones por los supuestos “daños” que le causó el fallido plan. El arbitraje debe llevarse adelante bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), cuyas siglas en inglés son Uncitral.
En el contrato que firmó el extitular de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y el entonces representante de la empresa Mota Engil, Vitor Gomes Alves, se estableció que la solución de controversias –a través del arbitraje–, debía concretarse en Asunción y no en otro país, como está pretendiendo la firma extranjera.
Sobre el punto, la subcláusula 20.6 del contrato, sobre las “condiciones especiales del contrato”, establece: “Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este contrato o por incumplimiento, rescisión o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje en conformidad con el reglamento de arbitraje de la CNUDMI. Lugar del arbitraje, Asunción, Paraguay” (ver facsímil).
Ya se tiene tribunal
Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron a nuestro diario que el proceso en cuestión ya tiene un tribunal conformado, pero todavía no definieron el lugar donde se llevará adelante el proceso, justamente porque Mota Engil insiste en que el caso se desarrolle en Chile. Mientras tanto, la PGR señaló que insistirán para el cumplimiento de lo que se estableció en el contrato.
Empero, tampoco quieren dar a conocer la nacionalidad o el nombre del colegiado que definirá el cuestionado reclamo de la empresa.
Mota Engil activó además la instancia prevista para la resolución de disputas en el Tratado Bilateral de Inversión, de Protección y Promoción de Inversiones entre Paraguay y Portugal, lo cual está obligando a las autoridades a seguir negociando con la empresa portuguesa.
Si estas negociaciones son infructuosas –tras seis meses de diálogo entre las partes–, el caso debe definirse en un arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, Estados Unidos, que es la última instancia que se prevé en el tratado en cuestión.
Mota Engil ya cobró US$ 30 millones hasta octubre del año pasado, pero solo culminó obras parciales en un trayecto de 3,8 km del corredor central del Metrobús (tramo 3), según los certificados de obras, de los 12 km que debía ejecutar.
Se reclamaron dos pólizas
El MOPC reclamó el martes último la millonaria garantía bancaria que está vigente en el Banco Itaú, por el saldo del anticipo que se había pagado a Mota Engil, que es por unos US$ 6,6 millones. Asimismo, este 27 de abril próximo se cumplen dos meses desde que el MOPC también solicitó la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato a la firma Royal Seguros SA, pero la aseguradora continúa sin desembolsar los G. 40.390 millones (US$ 6,4 millones al cambio actual) que reclamó la cartera de Estado.