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Ya fueron remitidas a la administración del IPS todas las comunicaciones de suspensión de actividades ingresadas hasta la semana pasada en el MTESS, un total de 1.700 listas con aproximadamente 30.000 trabajadores que están habilitados a recibir una compensación económica por parte del Estado, por haber sido afectados por las medidas sanitarias para frenar el avance del covid-19, según confirmó ayer a ABC la ministra Carla Bacigalupo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
De esas nóminas enviadas al IPS hasta ayer, solo 200 poseen oficialmente la resolución de suspensión de contrato laboral por parte del MTESS, las cuales están siendo emitidas gradualmente y llevarán su tiempo. No obstante, el IPS accedió a pagar a los afectados que figuran en las listas, igual a los que aún no cuentan con la resolución, según datos de la cartera.
Al respecto, un grupo de 35 gremios de diferentes sectores y tamaños habían solicitado el miércoles último al MTESS que agilice el proceso de aprobación de suspensión de contratos laborales, para que el pago de subsidios a los trabajadores cesados pueda hacerse este mes. Igualmente, desde el ente previsional confirmaron ayer que ya cuentan con el listado de los 30.000 desempleados comunicados hasta el momento y que deben recibir la compensación ni bien Hacienda concrete el desembolso de unos US$ 100 millones esta semana.
Sostienen en la entidad previsional que para hacer efectiva la transferencia de estos recursos a los afectados, el presidente Mario Abdo Benítez debe emitir un decreto reglamentario que establezca el procedimiento y alcance.
En principio, se maneja que la compensación será 50% del salario mínimo (G. 1.096.419) y beneficiaría a entre 300.000 y 500.000 trabajadores. Si es único pago o por tandas, es uno de los puntos que debe definirse en el citado decreto.
Cabe mencionar que aquellos trabajadores cuyas empresas estén en funcionamiento habitual y que fueran despedidos en este tiempo, no podrán ser acogidos a este régimen para cobrar la compensación, ya que la ley menciona que este beneficio se extiende exclusivamente a quienes hayan sido afectados por el cese de actividades.
En cuanto a la cobertura de los servicios de salud a los beneficiarios tras la desvinculación laboral del cotizante, va hasta 60 días luego del evento, aunque está en estudio un proyecto que busca extender excepcionalmente el plazo por unos 120 días.
A su vez, el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas, señaló que la cartera fiscal también aguarda el decreto para transferir los fondos al Instituto de Previsión Social (IPS), y así cumplir con los pagos a trabajadores del sector formal.
De estos recursos también se abonarán los reposos de los pacientes afectados por el covid-19 que ya fueron procesados hasta el momento. El organismo previsional cuenta con poco más de 20 gestiones de reposo en curso.
Aumentaría la ocupación informal
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un informe reciente sobre los impactos del covid-19 en la región, mencionó que es probable que esta crisis lleve a aumentar el empleo informal como estrategia de supervivencia, ya que muchos empleos formales se perderán por el quiebre de algunas micro y pequeñas empresas que no tienen cómo sostenerse en este tiempo.
Según datos de Cepal, el 53,1% de los trabajadores de América Latina trabajaba en el sector informal (OIT, 2018), lo cual no dista mucho de la realidad en nuestro país. Al cierre del 2019 el desempleo abierto en el Paraguay fue del 5,7%, mientras que la tasa de subocupación llegó al 6,6%.