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La empresa Mota Engil activó el artículo 10 del Tratado Bilateral de Inversiones entre Paraguay y Portugal (aprobado en el 2001), que actualmente está obligando al Estado paraguayo a seguir negociando con la firma portuguesa sobre el caso del fracasado metrobús. Así lo confirmó a nuestro diario el procurador general de la República, Sergio Coscia, quien a su vez dijo que estas negociaciones están a cargo de Procuraduría, la Cancillería y representantes diplomáticos de Portugal.
De esta forma, la firma portuguesa consiguió una “negociación amigable” con las autoridades del país antes de que el caso se resuelva en las dos instancias arbitrales a las que recurrió (Ciadi y la CCI). La intención de la empresa es percibir otros US$ 25 millones por supuestos “daños” que le habría causado el fallido proyecto.
“Existen negociaciones con Mota Engil que se encuentran ya en esfera diplomática, que están a cargo de la Procuraduría, la Cancillería y los representantes diplomáticos de Portugal. Pero nosotros nos mantenemos en nuestra postura, en nuestro derecho, de que la obra no se culminó y que el monto de los US$ 25 millones exigidos es inaceptable”, expresó Coscia.
Vale señalar que Mota recurrió al artículo 10 del tratado, que señala: “Los diferendos que surjan entre un inversionista de una de las partes contratantes y la otra parte contratante relacionados con una inversión del primero en el territorio de la segunda, serán resueltos de forma amigable mediante negociaciones entre las partes en diferendo”.
Justamente, la cláusula a la que se acogió la empresa portuguesa no corresponde, según señaló Coscia, ya que se trata de un artículo que protege a inversionistas, lo que no es el caso del excontratista del metrobús.
“Ellos recurrieron a un Tratado de Inversión, que protege al inversionista. A nosotros no nos queda claro hasta la fecha si el caso de Mota es realmente una inversión, porque a todas luces no es así, porque se trata de un contrato de obra y no de un contrato de inversión”, expresó.
Siguió: “La firma Mota Engil no tenía una base operativa en Paraguay, ni maquinarias propias. Todo lo que hicieron fue arrendado y subcontratado. Por eso no tenemos la garantía de que acá haya habido un contrato de inversión”, aseveró.
Vale señalar que la empresa portuguesa ya cobró US$ 30 millones hasta octubre del año pasado, pero solo culminó obras parciales en un trayecto de 3,8 km del corredor central del Metrobús (tramo 3), según los certificados de obras, de los 12 km que debía ejecutar. A parte de esto, ahora reclama otros US$ 25 millones.
Situación de las pólizas
Respecto a la situación de las dos pólizas (de fiel cumplimiento y del anticipo), con las cuales el Estado puede recuperar unos US$ 13 millones de lo que invirtió en el fracasado Metrobús, el procurador señaló que estarán insistiendo en su recuperación.
En el caso de la póliza de fiel cumplimiento del contrato (por US$ 6,4 millones), que corresponde a Royal Seguros SA, dijo que si la empresa no paga, recurrirán a la justicia. “Si es que ellos no pagan, nosotros vamos a tener que demandar ante una primera instancia en lo civil y comercial en los juzgados de la capital”, dijo.
En cuanto a la garantía del anticipo vigente en el Banco Itaú, por otros US$ 6,6 millones, Coscia resaltó que esta caución recién vence el 22 de abril de este mes y que reclamarán cuando llegue esa fecha.
Desaparición de evidencias
Vale señalar que el MOPC inició la demolición de las “paradas” que se construyeron para el Metrobús y, además, mejorará toda la avenida que fue intervenida por Mota Engil. Con esto desaparecerán todas las estructuras que fueron erigidas por la firma portuguesa.
Esta llamativa decisión se tomó pese a que se tienen dos demandas arbitrales y también otras dos denuncias que investiga el Ministerio Público, por lo que se teme una “desaparición” de evidencias. Sobre el punto, Coscia señaló que antes de la demolición se hicieron informes en los que constataron las obras inconclusas que dejó Mota Engil.