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La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de ley de emergencia nacional presentado por el Poder Ejecutivo, que tiene como objetivo mitigar la crisis económica y sanitaria generada por el coronavirus.
La citada ley, N° 6524, a ser promulgada por el presidente Mario Abdo Benítez, dispone la exoneración temporal del pago por el servicio de ANDE (para facturaciones mensuales hasta G. 250.000). Este punto fue muy cuestionado por algunos diputados, ya que solo beneficiará a un sector de la población mientras que la crisis afecta a todos los niveles. Aquellos pidieron que la eximición sea para consumos de hasta G. 700.000, pero la propuesta no prosperó. Cabe señalar que el pedido original del Ejecutivo solo contemplaba diferir los pagos por tres meses.
En cuanto al servicio de Essap, se sancionó la exoneración del 100% para sectores carenciados y mipymes, y posibilidad de diferir el pago por tres meses para los demás segmentos. En caso de facturas de Copaco se contempla únicamente la posibilidad del pago diferido.
La ley de emergencia contempla además la prórroga para presentación de las declaraciones juradas y pagos, totales o parciales de impuestos, bajo el nuevo régimen de modernización tributaria o Ley N° 3680/19. Se establece además la legalidad del teletrabajo (empleo desde el hogar) como modalidad para empresas, tanto públicas como privadas.
Subsidio a informales
Otro de los puntos que establece la Ley es la creación de un fondo social por valor de US$ 3 millones, a partir del cual se dispondrá la transferencia (vías giros móviles) en concepto de subsidio a micro y pequeños emprendedores informales afectados en sus ingresos por el cese de actividad. El monto a transferir por cada persona será el equivalente al 25% del salario mínimo, hasta dos veces, o sea una persona podría recibir esta ayuda hasta G. 1.000.000.
Para el sector formal, el Ejecutivo previó el aporte del Estado de hasta US$ 400 millones, como subsidio temporal, por reposo o suspensión del contrato laboral. La ley de emergencia contempla una inyección de recursos de al menos US$ 514 millones para reforzar gastos del Ministerio de Salud.
Financiamiento
El Congreso aprobó un endeudamiento de hasta US$ 1.600 millones para el establecimiento de medidas económicas que permitan sobrellevar la crisis causada por el coronavirus.
El viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, explicó que el Estado espera no utilizar los US$ 1.600 millones del préstamo pero que las proyecciones se hicieron en base a escenarios extremos. Resaltó que en este momento lo importante es contar con los recursos –que no son lo mismo que de un presupuesto– para solventar los gastos contra el covid-19.
La ley sancionada también suspende excepcionalmente el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal del 1,5% y se estima que en cuatro años se podría volver a dicho nivel.
En la línea de contención de gastos quedó sin modificación la reasignación de fondos que estaban previstos para subsidios por vacaciones y casamientos, para servicios de catering, con excepción de lo previsto para elecciones municipales, y para subas salariales en todos los organismos estatales.
Se suspende también el programa del retiro voluntario de funcionarios y se prohibe la compra de equipos de transporte, exceptuando ambulancias y vehículos utilizados para los servicios de salud y fuerzas públicas.