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–¿Cómo funciona ese esquema de corrupción?
–Funciona de la siguiente manera. Resulta que la entidad binacional Itaipú es una concesionaria de ambos Estados (Paraguay y Brasil). Si se lee el Tratado de Itaipú en portugués dice claramente que la misma tiene que regirse exclusivamente por el Tratado y sus anexos. Además, la comercialización de la energía se describe con toda claridad en el Art. XIV. O sea, yo no conozco un documento en el cual la ANDE haya ofrecido energía paraguaya de Itaipú binacional a otra empresa (brasileña) que no sea Eletrobras SA y que esa posibilidad haya sido denegada u obstaculizada. Esto pasa porque Eletrobras SA soborna a los tres poderes del Estado paraguayo con sobornos encubiertos, que se dan de la siguiente manera: Por ejemplo, familiares, yernos, nueras o amigos de miembros de la Corte Suprema de Justicia han ingresado e ingresan a la Entidad con “sueldazos”.
Lo mismo hace con las autoridades del Poder Legislativo, donde hoy mismo el marido de la directora jurídica es el senador colorado Silvio Ovelar, vulgarmente conocido con el mote de “Trato Apu’a”. Igualmente se dio con la hija del exsenador, también colorado, Óscar González Daher. Todas esas personas ingresaron con sueldazos a la binacional para que este poder del Estado paraguayo no ejerza la atribución de recíproco control que le confiere la Constitución nacional a la Cámara de Senadores, y permite el saqueo en la central de Itaipú.
Al Poder Ejecutivo, por su lado, le soborna con fondos para “ayudas sociales”. Le da un pedazo de hueso de unos US$ 70 millones al año y con eso el Ejecutivo resuelve sus “necesidades intestinas”, y ese engranaje de corrupción nace en la falta de transparencia.
–¿Hay alguna prueba documental que avale lo que está diciendo?
–Por supuesto. La Acción de Inconstitucionalidad que presentaron ANDE, Itaipú y Yacyretá contra la ley promulgada por el Poder Ejecutivo, donde se le exigía a la ANDE que informe de los actos de administración por los cuales se le paga en Itaipú y en Yacyretá. Ese es el punto de apoyo de toda la corrupción existente; es decir, la falta de transparencia y la complicidad.
–El ingeniero Pedro Ferreira (expresidente de la ANDE) habla de que se intentó vender energía a otro cliente, pero hubo trabas en Brasil.
–Pero no hay ningún documento que sustente esa afirmación, de que la ANDE le haya ofrecido a COPEL o a otras empresas distribuidoras brasileñas, a pesar de que el Tratado le autoriza a hacerlo. Es más, en el Brasil ya no hay monopolio en el sector energético ¿Cómo se rompió ese monopolio? La generación no puede estar vinculada con la administración de la transmisión y tampoco con el servicio de distribución, tienen que ser personas jurídicas distintas. Eso posibilita que una distribuidora o una gran industria brasileña compre energía de donde quiera y de la fuente que sea: solar, hidroeléctrica, eólica, nuclear, incluyendo al Paraguay, porque el Tratado le autoriza a la ANDE a vender a empresas brasileñas. No puede, pues, un presidente de la ANDE hacerse el tonto e ir a preguntarle al representante de Eletrobras si puede vender su energía. O sea que hay un “comportamiento bobo” para beneficios particulares. Ese es el fondo de la cuestión.
–Entonces, la “actitud floja” se explica por la existencia de ese esquema de corrupción, lo que debilita la posición paraguaya.
–Están todos metidos. Fíjate nomás que hay antecedentes de que cuando un funcionario paraguayo (consejero) reclamó con cierta firmeza los derechos del Paraguay, enseguida lo sacaron de Itaipú, porque los tres poderes juntos están comprados.
Ente “roba” a ambos países
Eletrobras no solamente le roba al pueblo paraguayo, sino también al brasileño, aseveró el ingeniero Germán Escauriza. Explicó que Itaipú no registra toda la potencia instalada, incluyendo la que genera con un “mayor salto”. Recordó que entre 1995 y 2018 Itaipú produjo 364 millones de megavatio hora de excedentes, según Itaipú. Acotó que si esa cantidad (adquirida a US$ 5,8 el MWh por Eletrobras) se multiplicara por US$ 53 el MWh, se hallaría una diferencia de US$ 17.180 millones, “que constituyen enriquecimiento ilícito de Eletrobras SA”.