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–¿Realmente hace falta prepararse para la revisión del Anexo C?
–En primer lugar, lo que le convoca a ambos Estados (paraguayo y brasileño) a los 50 años (de vigencia del Tratado, y según el Numeral VI, del Anexo C) es la verificación del nivel de endeudamiento de la concesionaria entidad Itaipú Binacional. Además, para hacer una auditoría de todo lo que consumieron y pagaron ambos países. Sin embargo, estamos viendo que el Gobierno paraguayo no está tomando con seriedad algo tan importante para el futuro económico y social de nuestro país.
–¿Por qué es “tan importante” la revisión del Anexo C para el futuro del Paraguay?
–Es demasiado importante porque ambos Estados le indicaron a la concesionaria entidad Itaipú Binacional que en el 2023 tiene que cancelar la deuda, lo que significa que para ese año tiene que ser cero. Entonces, el Estado paraguayo necesita una auditoría vinculante sobre lo que hizo la entidad al que se encomendó la construcción de la central y se le indicó cómo tenía que vender (la energía) para poder cancelar los compromisos financieros, pagar los royalties, utilidades de capital e intereses, y gastos de explotación, etc. En el 2023 se cancela la deuda de capital e intereses y van a quedar solamente los gastos de explotación y los royalties para cada país. Eso implica que de los US$ 2.700 millones que está facturando hasta hoy, solo quedarán alrededor de US$ 700 millones. O sea, con lo que hoy estamos pagando para consumir menos del 25% de lo que nos corresponde, vamos a pagar el 100% de lo que es nuestro en Itaipú, y ahí viene el ejercicio soberano del Estado paraguayo sobre lo que le pertenece.
–¿De qué maneras exactamente ejerceríamos nuestra soberanía en Itaipú pos 2023?
–El Estado paraguayo simplemente le tiene que informar al Estado brasileño que va a contratar el 50% de la potencia instalada e igual porcentaje de la energía que le corresponde. Además, tendría que comenzar a ofrecer (desde ahora) a las empresas brasileñas (esa energía) a justo precio, que es la cuestión de fondo del Tratado, que no dice que se tiene que pagar a Paraguay un “precio injusto”.
–¿Le parece que eso está entre las prioridades del Poder Ejecutivo nacional?
–El Poder Ejecutivo se ha lanzado a una campaña para la renegociación del Tratado, que en este momento es inoportuno. ¿Para qué vamos a modificar el Tratado si este dice que la mitad de la energía es nuestra, y que nosotros podemos usarla pagando los costos de explotación y lo que nos sobra podemos vender a justo precio? Pero el que debe tratar de obtener el justo precio es el Estado paraguayo, como dueño de ese boliche, y de la mitad de la energía que genera, y no la concesionaria entidad Itaipú Binacional.
–¿Y qué pasaría si Brasil no quiere pagar ese justo precio?
–Hay un cúmulo de información sobre quién es Brasil. Para algunos Brasil es Eletrobras, para otros Itaipú misma, y para otros es el Estado brasileño. Ahora, ¿en qué momento el Estado paraguayo le reclamó justo precio para que alguien salga a afirmar que este no lo quiere pagar? Nunca se planteó tal cosa, siempre se manejó puertas adentro de la concesionaria, donde los ex y actuales consejeros y directores paraguayos han consentido todos los caprichos e intereses de Eletrobras SA, que es apenas una mandataria del Estado brasileño dentro de la concesionaria.
–¿Ahora, cuál sería el “justo precio” que Paraguay podría pedir por su energía?
–Partamos de un valor. El precio oficial de contratación de la concesionaria es US$ 43,8, a lo cual hay que agregar US$ 9, que es la compensación (por cesión). Un muy buen punto de partida es pensar en que a partir del 2023 Paraguay pueda recibir alrededor US$ 53 por el MWh. Entonces, ¿qué pasaría si Paraguay decide arrancar con ese valor? Automáticamente recibiría (por ventas) US$ 1.000 millones por la comercialización de la potencia instalada y otro tanto por la energía adicional a la garantizada. La gran pregunta es ¿hay algo de malo en querer vender a ese precio?, ¿o hay alguien más que lo está queriendo hacer, pero por debajo de la mesa?