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A su vez, el ministro de Hacienda Benigno López también se refirió al caso de los beneficios adicionales indicando que es un primer paso, para luego avanzar en el tema de fondo. “Nosotros sacamos un decreto porque entendemos que tenemos las atribuciones legales para poner ese límite”, indicó. No obstante, agregó que el tema de fondo guarda relación con los contratos colectivos en los entes que hace 20 años no se revisan. “Si pensamos que la reducción de los gastos va a ser fácil, estamos equivocados. Será un proceso largo y difícil pero lo que hizo el gobierno es empezar y en eso no vamos a dar macha atrás”, ratificó.
Dijo también que se está viendo la situación particular de cada entidad, ya que no a todos les afecta. De hecho, hay cuatro o cinco entidades con problemas, el resto cumplió el tope, respetando la decisión del Ejecutivo,
Ese tope va ser revisado el año que viene y con la información que tenemos vamos a poder trabajar mejor con el presupuesto 2021, vamos a apuntar a una mejor calidad del gasto. Creo que es un camino que no tiene retorno”, aseveró el ministro Benigno López.
La Ande acordó elevar de nuevo los montos de los beneficios pagados al personal, entre ellos por reposo médico, ayuda escolar y subsidio alimenticio, además de reclamar el respeto a los derechos adquiridos.
Por su parte el BCP presentó una acción de inconstitucionalidad y aguarda la resolución de la Corte por un pedido de suspensión de los efectos del decreto N° 3.264, con la intención de seguir cobrando los millonarios beneficios. Con el tope que estableció el Poder Ejecutivo, el monto en concepto de subsidio familiar no podrá superar el equivalente a 1 salario mínimo (G. 2.192.839) y deberán ser pagos únicos: escolaridad, ayuda vacacional y alimenticia. Igualmente los funcionarios podrían seguir recibiendo en el año hasta G. 6.500.000 adicionales.