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La intención, según explicaron, es habilitar las tiendas de duty free hasta 15 kilómetros de toda la frontera. Sobre el punto, varios gremios ya expusieron sus puntos de vista.
Por un lado, el CIP rechaza el proyecto, argumentando que esto facilitaría aun más el contrabando al no haber determinados controles para el ingreso y la comercialización de productos de venta al público extranjero.
Asimismo, alegan que la aplicación de este plan fomentaría la evasión impositiva y afectaría directamente a los importadores.
Por otra parte, la Cámara de Comercio de Ciudad del Este se muestra a favor de la iniciativa, pues indica que el comercio fronterizo miles de puestos de trabajo están en peligro por la crisis permanente existente debido a la caída en las ventas y la afluencia de turistas.
Desde los dos frentes piden al gobierno celeridad en la resolución del problema, que se tomen acciones puntuales considerando el volumen de negocios que se mueve en la frontera.
Para hoy se aguarda tener más claro el panorama y los empresarios buscarán reunirse con el presidente de la República para tener una respuesta, anunciaron.