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Los datos oficiales revelan que Paraguay es un “productor privilegiado” de energía hidroeléctrica; sin embargo, el consumo interno refleja totalmente otro escenario: la leña, el carbón vegetal y los derivados del petróleo siguen ocupando (y cada vez en mayor proporción) una posición muy superior al uso de la electricidad.
Mientras tanto, Paraguay ostenta el raro “privilegio” de ser el “mayor exportador mundial” de energía eléctrica, beneficiando hace más de 30 años a Brasil y Argentina, que la han utilizado para desarrollar sus respectivas industrias.
Por un lado, Paraguay es un “exportador” ineficiente, puesto que ha recibido en contrapartida la llamada “compensación” (un término inventado e impuesto por Brasil en el Tratado), equivalente a un valor irrisorio que muy lejos está de ser “precio justo”. En estos 35 años solo ha recibido migajas que no superan US$ 10 el MWh, mientras el precio de mercado oscila entre US$ 80 y US$ 120 el MWh.
Por otro lado, Paraguay es un consumidor ineficiente, porque teniendo exceso de capacidad instalada, sin embargo utiliza una cantidad desproporcionadamente baja (16%) de la misma respecto de otras fuentes de energía, como la biomasa (43%) y derivados del petróleo (41%), según datos del Viceministerio de Minas y Energía (2019).
Es sabido que las veces que la ANDE exporta energía de Acaray (propiedad exclusiva del Paraguay), lo hace a precios de mercado, pero (curiosamente) cuando se trata de la energía de Itaipú y Yacyretá (el porcentaje que le corresponde), es “cedido” a cambio casi de nada, y luego revendida a precios de mercado. Nadie en su sano juicio y que se precie de patriota podría admitir que esta realidad continúe.
En el libro “50 años del Tratado de Itaipú“, producida por el PLRA, con la participación de varios connotados expertos compatriotas, propone trazar de forma urgente una “hoja de ruta” que se sustente en la libre disponibilidad de la energía eléctrica y precio de mercado.
La obra indica que luego de casi 50 años de la vigencia del Tratado de Itaipú Paraguay no puede seguir dependiendo de la “compensación” que le da Brasil por esa cesión, porque esa es una “palanca” que utiliza políticamente el vecino país para influir en el destino del Paraguay.
Sostiene que nuestro país debe exigir que se establezcan “condiciones justas” en el Tratado de Itaipú, y tener la posibilidad utilizar buena parte de ese 50% que le corresponde, y comercializar directamente sus excedentes, liberándose de la dependencia del Brasil. Pide asimismo pasar de una dependencia y subordinación a una interdependencia mutuamente beneficiosa para ambos socios.
Dice que a partir de la obtención de rentas y superávits a favor del Paraguay, estos recursos podrían ser utilizados para el desarrollo económico del Paraguay, dinámica que fortalecerá nuestro mercado doméstico y un natural proceso de industrialización, sin perjuicio de medidas y políticas de Estado que robustezcan, estimulen y aceleren el proceso de industrialización.
Próxima entrega: Política energética de Estado que continúa solo en los papeles