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A través de un comunicado que dio a conocer ayer el organismo encargado de establecer y coordinar la política integral de las empresas estatales, señala que los responsables prosigan con las tareas de mejoramiento de la calidad del gasto público, así como de los servicios brindados a la ciudadanía.
También deben arbitrar mecanismos para mitigar el alcance de las disposiciones establecidas en el decreto que reglamenta el salario de los empleados de las empresas públicas, y cuyas acciones sean monitoreadas por el CNEP para el cumplimiento de las mismas, dice el comunicado.
El organismo explica que convocó a algunas instituciones para analizar con sus autoridades el alcance de las disposiciones del decreto que reglamenta la ley de presupuesto, principalmente en lo atinente a complementos salariales que cobran los funcionarios de las empresas públicas.
En ese contexto, deja claro que las disposiciones no afectan el salario de los empleados ni elimina los contratos colectivos de condiciones de trabajo (CCCT), sí establece criterios que buscan la racionalidad en la asignación de los beneficios salariales. Para el CNEP, las concesiones de beneficios excesivos impactan negativamente en los costos de los servicios y bienes producidos, que finalmente son transferidos a la ciudadanía, indica en el comunicado.
El proceso continúa
El organismo asesor del Poder Ejecutivo está presidido por el ministro de Hacienda, Benigno López y, de acuerdo con los anuncios efectuados, al cabo de 15 días tendrían mayores informes y conclusiones sobre la revisión que están realizando.
La primera reunión de Consejo para la revisión del presupuesto y los beneficios complementarios, que se llevó a cabo el 29 de enero pasado en la sede de Hacienda, el ministro López informó que detectaron que el segundo aguinaldo cuyo pago se había prohibido en 2016, se seguía abonando en las empresas públicas, aunque con otra denominación.
Integrantes y entidades controlados
El Consejo de Empresas públicas está integrado por el ministro de Hacienda, Benigno López, quien preside el organismo; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens; la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer; y el procurador general de la República (PGR), Sergio Coscia.
Tiene como objetivo promover una gestión eficiente, eficaz, integral y transparente de las empresas públicas. Las empresas que están bajo su jurisdicción son: la ANDE, Copaco, Essap, Industria Nacional del Cemento (INC), Petropar, Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Capasa y Ferrocarriles del Paraguay SA.