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A su criterio las restricciones en el pago de beneficios complementarios del salario establecido en el decreto que reglamenta la ley de presupuesto 2020, es una postura correcta que lo viene reclamando la ciudadanía por el abuso que se registra en los últimos 15 años, según declaraciones efectuadas ayer a ABC Cardinal (AM 730).
El exministro señaló que los grandes saltos en el pago de salarios, bonificaciones y gratificaciones a los funcionarios se dieron en épocas previas a las elecciones, cuando los políticos tratan de “fidelizar a la clientela”. En ese contexto, puntualizó que más salarios o beneficios que se paguen a los funcionarios, se traslada a los contribuyentes o usuarios de los servicios públicos, “quienes son los que realmente pagan estos adicionales”.
Recordó que un estudio realizado por el Banco Mundial refleja que las remuneraciones que paga el sector público son mucho más altas de las que abona el sector privado. “Esas situaciones no se pueden ampliar ni sostener todos los años. Llegamos a excesos muy grandes en la indiscrecionalidad que hay para asignar gratificaciones y pagos adicionales. Las remuneraciones del sector público son el doble que la del sector privado. Hemos abusado mucho ya en los últimos 15 años”, apuntó.
Ante esta situación sostiene que no podemos seguir con el derroche, teniendo en cuenta el déficit fiscal elevado y que nos estamos endeudando para construir infraestructura, pero que esto tiene sus límites. “Lo que a mí me revela es que apoyé una reforma impositiva y sería catastrófico que terminara en más beneficios para los funcionarios”, expresó y reconoció que estamos yendo por ese camino.
Sostiene que para parar esto se requiere de un acuerdo entre todos los partidos y que si los políticos no asumen su responsabilidad difícilmente se logre frenar los mayores gastos que se van generando. En ese sentido, advirtió que estamos transitando por el mismo camino de Argentina y Brasil, países que hoy están en crisis.
Barreto es partidario de que el Poder Ejecutivo convoque a los partidos para hablar del tema, porque las consecuencias de los errores están a la vista en los países vecinos. “Si ellos no asumen su responsabilidad, no hay forma de parar esto. En otros países de Latinoamérica se hicieron cosas que llevaron a una incapacidad del Estado para responder a la necesidad de la gente, porque todos sus recursos están asignados para pagar una estructura de funcionarios del sector público”, alegó.
Doble aguinaldo nunca se eliminó
El Consejo de Empresas Públicas detectó que el segundo aguinaldo, cuyo pago fue prohibido en 2016 debido a las críticas de la ciudadanía, se seguía pagando con otra denominación. Pero eso no es todo, los contratos colectivos en las empresas públicas y entidades del Estado incluyen numerosos beneficios que lo paga la ciudadanía. Por ejemplo, descuento del 50% de energía, ayuda alimenticia y vacacional, peligrosidad, bonificación por grado académico, por antigüedad, por disponibilidad en caso de necesidad. Los contratos no están a disposición de la ciudadanía que es la que paga estos privilegios, por lo que se desconocen otros aspectos contemplados.