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El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, señaló ayer a ABC Color que el número de sujetos obligados ascendería a más de 90.000, teniendo como referencia la cantidad de inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y a los que deberán sumar los negocios fiduciarios y los fondos patrimoniales de inversión. “Es un número importante y para mayo, con la verificación “in situ” que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), ya tenemos que mostrarles la carga y el avance existente en el registro de beneficiario final”, indicó el titular de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, que es la autoridad de aplicación.
Benavente volvió a insistir en la necesidad de tener listo el registro para cuando el país sea sometido a una evaluación por el Gafi, una posición compartida por el Colegio de Contadores del Paraguay (CCP), que ayer se pronunció a favor de cumplir con los plazos establecidos.
Contadores a favor
Alba Talavera, directiva del CCP, sostuvo que es importante adecuarnos a las exigencias internacionales para pasar el examen de Gafi y de este modo el país estará en posiciones privilegiadas, ya que de lo contrario podría tener consecuencias para las transacciones financieras.
Dijo que los contadores servirían de apoyo, pero que la tarea se puede delegar a los asesores jurídicos, escribanos y socios que están involucrados en el estatuto de la sociedad. Para llenar los formularios adelantó que están preparando talleres en el CCP, en la SET y otros lugares para capacitar a la gente.
Por su parte, el movimiento “Resistencia Contable” es partidario de que el plazo se postergue por 90 días, a fin de permitir la difusión y capacitación de la ciudadanía en general y de las entidades afectadas en particular, según la nota presentada.
La Abogacía, sin embargo, ya adelantó que no tiene previsto postergar los plazos de vencimientos, precisamente porque en mayo se viene la evaluación del Gafi.
Lo que dice la ley
La ley dispone que los sujetos obligados a registrarse e informar son las personas jurídicas tales como sociedades, asociaciones, fundaciones y las demás reguladas por el Código Civil paraguayo y leyes especiales en la materia, y las estructuras jurídicas entendidas como fideicomisos y fondos de inversión.
Entre otros, las personas jurídicas o estructuras jurídica deberán proporcionar
el registro o la indicación de los accionistas o autoridades que se encuentran a cargo de la dirección, control y administración de las mismas, sus estatutos sociales u otros instrumentos de creación y la última asamblea de asociados de elección de autoridades, dentro de un plazo máximo de 9 meses contados desde la vigencia de la presente ley y conforme al calendario establecido.
Comunicar
Además, las personas o estructuras jurídicas habilitadas para emitir participaciones o títulos nominativos deberán comunicar los datos identificatorios de sus titulares, así como el porcentaje y su categoría o derecho que comporta de su participación en el capital correspondiente.
En lo que se refiere al beneficiario final, la o las personas físicas que, directa o indirectamente posean una participación sustantiva o control final sobre la persona jurídica o estructura jurídica, o se beneficie de estas. Estos deberán informar sobre los beneficiarios finales dentro de un plazo máximo de 9 meses conforme al calendario, indicando porcentajes de participación sustantiva y quienes no tienen participación sustantiva, así como de quienes ejercen su control final, si correspondiere, y respaldarlo con la documentación.