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Mediante la nota N° 4.768, firmada por la jefa interina del Gabinete de la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), Carmen Flores, y por el director interino de la Secretaría General, Esteban Mongelós, la previsional se negó a suministrar a ABC la lista de empresarios morosos, los montos de sus deudas y la de los que hacen sus aportes en forma fraccionada. La negativa del IPS fue pese a que se hizo el pedido con una solicitud de acuerdo con la ley de Acceso a la Información Pública N° 5.655/16.
El pedido data del 29 de octubre de 2019 y el 30 de diciembre del mismo año, el IPS respondió que la información solicitada era confidencial porque “...las personas afectadas no autorizaron expresa y por escrito que se obtenga información sobre el cumplimiento de sus obligaciones no reclamadas judicialmente”.
Además, consideraron pertinente recordar el Art. 2 de la Ley 5655/2016, que modifica el Art. 85 del Decreto-Ley N° 1860, aprobado por Ley N° 375/56 (ver facsímil), que menciona que solo se suministra información con el objetivo de disminuir la evasión, aumentar los niveles de protección social y realizar estudios socioeconómicos, estadísticos y actuariales y que el pedido de ABC no se ajusta a esos fines.
El Art. 2° mencionado introduce una mínima modificación en el decreto-ley de aprobados en los años del dictador Stroessner (1954- 1989), que dice: “El Instituto no podrá divulgar ni suministrar, salvo por orden judicial, los datos referentes a asegurados y empleadores que conozca en virtud de sus funciones, pero podrá publicar cualquier información estadística o de otra índole que no se refiera a ningún asegurado o empleador en especial”.
La lista de empresarios morosos resulta de interés público, porque este grupo recibe subsidios del Estado y no debe tener deudas con el IPS para que sean beneficiados.
El director de la oficina de Aporte Obrero Patronal (AOP) del IPS, Ramón Giménez, informaba que varios de esos morosos hasta crearon una nueva razón social para así empezar de cero y cumplir el requisito de estar al día con el aporte al seguro social para recibir dinero público.
El Fomento también encubre a los transgresores de la ley
El Banco Nacional de Fomento (BNF) se negó a individualizar a los transportistas morosos, alegando “secreto bancario”, Ley 861/96, tras una “simple lectura de la información requerida” en noviembre.
Conforme con los antecedentes, en 2013, el entonces presidente Federico Franco agregó entre los requisitos para acceder al subsidio de transporte no ser moroso del BNF. Esto tras divulgarse que los transportistas le debían US$ 84 millones, pero que aun con ese impedimento eran beneficiados. La negativa del banco resulta sospechosa, puesto que impide conocer la situación de la irregularidad. La CGR, a cargo de Camilo Benítez, optó por no pedir informes al respecto.