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El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Óscar Llamosas, dijo ayer que la decisión tomada por los legisladores va a contramano de todo lo que se venía conversando con relación a respetar el tope de gasto del Presupuesto General de la Nación 2020, ya que “de un plumazo” se aprueba una ley cuyo costo representará por año unos US$ 80 millones adicionales.
El Congreso rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la Ley N° 6381/2019, que modifica y amplía la Ley N° 3728/2009, que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza y, con ello, amplía el potencial de beneficiarios a una cantidad que, según Hacienda, es insostenible en el tiempo porque no hay recursos.
La ley modificada por el Legislativo sustituye el término “en situación de pobreza” por “en situación de vulnerabilidad social”, sin definir qué implica este último y con esto abre la posibilidad de ampliar la cantidad potencial de beneficiarios, contrariamente a la anterior que se enfocaba a las personas que estaban en la pobreza.
A noviembre están registrados 198.207 beneficiarios de la pensión alimentaria y “el riesgo es que se duplique la cantidad de beneficiarios”, indicó Llamosas en tono preocupado e insistiendo en que la modificación de la ley aprobada por el Congreso es insostenible en el tiempo.
Explicó que para el próximo año el presupuesto prevé la incorporación de entre 10.000 a 15.000 personas, por lo que se preguntó ¿de dónde vamos a quitar US$ 80 millones adicionales para cumplir con la ley”, en referencia al promedio mensual que representará extender el subsidio a un número mayor de lo previsto.
El viceministro afirmó, a modo de dimensionar el costo que podría representar, que con esta ley “se va la reforma tributaria”.
Esto con relación a que la expectativa de recaudación con la ley impositiva es de US$ 300 millones una vez que se implemente en su totalidad, pero la de adultos mayores implicará más de US$ 400 millones en un plazo de cinco años.
Llamosas adelantó que están en proceso de revisión de la ley, a fin de definir si mediante el decreto reglamentario se podría hacer que sea más manejable, así también con la Abogacía del Tesoro la posibilidad de recurrir a una acción de inconstitucionalidad para evitar su implementación. Mientras esto se revisa, el viceministro indicó que el censo y los requisitos para comprobar que una persona es beneficiada continuarán.