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“Los denunciantes encontraron una fiscal que hizo caso a este tipo de denuncias. Nos sorprendió el actuar de la fiscal que en tiempo récord ordenó la imputación, en un sistema judicial donde todos sabemos que es muy lento”, sostuvo Caballero.
Agregó que para este tipo de procedimientos por lo general se requiere de leer los expedientes, y si amerita la intervención, entonces se procede.
La fiscal Mary Cano de Woitas, agente fiscal de la Unidad Penal número 3 del Ministerio Público, no solo imputó a los directivos de la Caja Bancaria por supuestos hechos punibles de lesión de confianza, sino que también solicitó al Banco Central la intervención de la Caja, de acuerdo con la nota 639 emitida el 22 de noviembre último. Los afectados por la disposición judicial son José Antonio Caballero (presidente) y los directivos Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Hamy Campos. Igualmente, los citados están dentro de un proceso de sumario administrativo instruido por el BCP, por incumplimiento grave de disposiciones reglamentarias.
El BCP objetó la contratación de un “seguro médico extra” para casos de excesos en cobertura, por deficiencias en el proyecto, por lo cual solicitó informes al Consejo de la Caja, que no fueron atendidos en tiempo, lo que es configurado como falta grave.
Cabe señalar que parte de este directorio resultó ganador en la reciente asamblea para el próximo periodo administrativo que se inicia en enero de 2020. Según Caballero, la imputación no es un impedimiento para que ellos asuman la dirección del órgano administrativo desde el próximo año.
Los diferentes gremios están en alerta debido a antecedentes de quiebra de la Caja Bancaria en el pasado que obligó a una fuerte reestructuración y recorte de haberes jubilatorios.