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“Hemos presentado esta mañana –por ayer– un pedido de informe al presidente del Indert (Mario Alfredo Vega) sobre la presunta reprogramación de G. 9.000 millones para la perforación de pozos de agua en las colonias”, manifestó a nuestro diario el abogado Diego Torales, representante de la Rural ante la Junta Asesora y de Control de Gestión del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El representante de la ARP indicó que tomó conocimiento del hecho tras las publicaciones de ABC Color sobre el redireccionamiento que tendrían esos G. 9.000 millones que debían ser para pagar tierras ya expropiadas, pero que se resolvió destinarlos a organizaciones no gubernamentales (ONG) para el financiamiento de las obras de perforación.
“Queremos saber exactamente de dónde provienen esos G. 9.000 millones porque si son de los fondos que debían ser usados para pagar propiedades, nuevamente estamos ante una situación irregular muy grave”, sostuvo Torales, refiriéndose a los serios cuestionamientos que pesan también sobre la administración anterior del Indert, a cargo de Horacio Torres.
No está para hacer pozos
El abogado representante de la Rural agregó que el Indert descuida su rol principal, que es el de entregar tierras, pero no con documentos informales, las famosas derecheras, sino con los títulos de propiedad que son lo único que van a dar arraigo verdadero a las familias campesinas.
“Acá con el Fides (Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible) se distorsiona todo, porque se superponen las actividades. Con el Fides, el Indert hace pozos que tiene que hacer el Senasa, hace caminos que tiene que hacer MOPC y realiza asistencia que es tarea del Ministerio de Agricultura (MAG). Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el hacer y entregar títulos no es lucrativo para los muchachos, eso pasa a segundo o tercer plano y se prioriza la entrega discrecional de fondos a las ONG para hacer pozos y demás”, señaló Torales.
Los pozos le han costado al Indert de G. 500 millones a 600 millones, cuando que en realidad su precio es menos de 100 millones y ahí está el negocio, insistió. “Es mentira que se va a dar arraigo con pozos o caminos, que también son necesarios pero para eso están otras instituciones. Se va a dar arraigo solo con títulos. El Indert hoy lo que hace es obligarle al campesino a ser pobre porque sin título nunca puede ser sujeto de crédito para salir adelante, y prefiere seguir haciendo pozos”, dijo.
Según los datos, durante la gestión de Justo Cárdenas, procesado por enriquecimiento ilícito, se dilapidaron más de US$ 21 millones en los polémicos pozos.