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El 10 de noviembre de 2017, Javier Balbuena Estigarribia, entonces titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), firmaba un contrato de explotación de un casino con la empresa Vimérica SA, representada por el boliviano Rodrigo Iturralde Costa, el que incorpora una cláusula que restringe cualquier posibilidad de otorgar a otros este tipo de negocios, porque exige una inversión no menor a los US$ 100 millones.
Antes de rubricar el documento, el 30 de octubre de 2017, el entonces presidente Horacio Cartes y la ministra de Hacienda, Lea Giménez, refrendaban el Decreto 9670/17, mediante el cual el Estado concedía a Vimérica SA la explotación de un casino en la Isla San Francisco (Limpio), con una inversión de US$ 148 millones.
La cláusula 27.2, que reproducimos a continuación, sencillamente fue limpiar el camino de esta firma de posibles competidores: “Para la habilitación de nuevos casinos de juegos de azar en la ciudad de Asunción y en todos los demás departamentos del país en los que la Ley 1016/97 permite la habilitación de casinos de juegos de azar, en virtud de este contrato la Conajzar se obliga a requerir en los pliegos de bases y condiciones de las futuras licitaciones que la inversión mínima propuesta sea igual al monto de la inversión mínima solicitada en este PBC. Se exceptúa de esta regla el Departamento de Alto Paraná”.
A dos años de la concesión, el Estado sigue sin recibir el dinero del canon (unos US$ 14 millones), porque recién en el 2021 finalizará el proyecto. Apenas ejecutaron un pequeño porcentaje del refulado sobre el sitio, donde edificarán el Hotel Casino Resort. Fuentes del empresariado señalaron ayer a ABC que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) no está otorgando aún el permiso para la construcción.
“No cobramos aún nada y por lo menos por 30 años no vamos a poder licitar ni un casino tomando los 4 años de ejecución del proyecto y los 25 de explotación establecidos en el contrato”, señaló a ABC el actual titular de Conajzar, José Ortiz Báez.
Los anteriores casinos concedidos exigían inversiones de poco más de US$ 5 millones, inclusive algunos fueron ampliados. Por ejemplo, Cerro Corá SA ganó en 2017 el Casino Amambay, con una inversión de US$ 7 millones y a Casinos Asunción se le amplió el contrato en 2016 (10 años) con la condición de invertir US$ 2,6 millones. Lo hizo en el Hotel “La Alondra” por US$ 5 millones.
ABC intentó contactar con los representantes de Vimérica para conocer su versión sobre el contrato, pero no fue posible.
Lo curioso del contrato con Vimérica es la exclusión del departamento de Alto Paraná, que exige para las futuras licitaciones de explotación de casinos la inversión no menor de US$ 100 millones.
Suponemos que eliminaron porque ya estaban orquestando otra licitación en Conajzar (3/2018) para beneficiar a un grupo de firmas ligado al empresario israelí Simón Falic y a Javier Zacarías Irún, cuyo hermano, Justo Zacarías Irún, era representante de las gobernaciones ante la Conajzar. La licitación finalmente fue cancelada en noviembre de 2018, ya bajo el Gobierno de Mario Abdo Benítez.
CGR estaba investigando
La Contraloría General de la República abrió una investigación en torno a las licitaciones que adjudicó la Conajzar durante el último tramo del Gobierno de Cartes, según notas periodísticas de noviembre de 2018.
Pasaron doce meses del inicio de las pesquisas sin que haya novedades.
Ayer consultamos al respecto al contralor Camilo Benítez Aldana, pero este no respondió.