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Los datos preliminares que maneja el Ministerio de Hacienda preocupan, porque el presupuesto se está volviendo más rígido y el Tesoro con menos margen de maniobras para enfrentar una eventual crisis económica, como la que sucedió este año.
En el presupuesto vigente, según los datos del informe de Situación Financiera a octubre, los gastos rígidos representan el 92% del presupuesto del gobierno central, pero con las modificaciones efectuadas por Diputados al proyecto de presupuesto 2020 aumentará a 94%.
Son gastos rígidos porque deben ser pagados cada mes y no pueden recortarlos ante una eventual caída de los ingresos, teniendo en cuenta que son salarios, deuda, subsidio a programas como adultos mayores, Tekoporã y las jubilaciones y pensiones.
La composición del gasto rígido hoy es de la siguiente manera: salarios se llevan 69% de los ingresos tributarios, el pago de la deuda 10%, los gastos sociales 8% y las jubilaciones 5%.
El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Óscar Llamosas, dijo el último viernes que el Tesoro tiene hoy un margen de 8% de gastos no rígidos, que en parte se pueden recortar para ir controlando el déficit fiscal dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, de 1,5% del PIB como tope. Para el ejercicio 2020, sin embargo, este margen se reduce a 6% y deja prácticamente sin posibilidad de aplicar el plan financiero a Hacienda, porque dentro de esta cifra ya están los gastos de funcionamiento de las instituciones.
Diputados aprobó el último jueves un proyecto de presupuesto para el próximo año dentro del tope establecido por el Ejecutivo, de G. 86,2 billones (US$ 13.520 millones), pero con la suba salarial incluida, las creaciones de cargos y la contratación de más personal, hacen que el gasto se vuelva más rígido.
Aprobaron que los docentes cobren el 16% de aumento salarial desde abril (programado en principio para julio), con un costo adicional de G. 178.000 millones (US$ 28 millones), un incremento del 7,3% para los funcionarios de la ANDE, mediante una reprogramación; así también G. 400.000 para cada funcionario del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), para directores de la Contraloría, entre otros.
Por su parte, a las instituciones componentes del Poder Judicial se les concedió más fondos para contratación de personal en la Corte, creación de cargos en el Ministerio Público, en el Ministerio de la Defensa Pública y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, entre otros.
Violan la ley de responsabilidad
El Ministerio de Hacienda sostiene que los aumentos salariales, exceptuando el otorgado para los docentes, que forma parte de una ley y un acuerdo que dispone su aplicación gradual, se concedieron violando la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque fueron por encima de la suba del mínimo permitida, que fue de 3,8%, tal es el caso del 7,3% concedido a funcionarios de ANDE, CAH y otros.