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La Nota Reversal del 9 de enero de 1992 que impuso a la binacional una tarifa extraña a su costo real, hasta el 2048 inclusive –una de las causas del elevado monto de la deuda que le imputaron los gobiernos argentinos de turno, así como la postergación por 33 años de las tres cuartas partes de los beneficios paraguayos, de las compensaciones por cesión de energía y por territorio inundado, inclusive.
Asimismo, imponía que la cuarta parte restante sería pagada al contado, cuota que la Argentina nunca honró en tiempo y forma. Hasta hoy nada se informa de las cuotas que debió abonar en los nueve meses del presente año.
Tan perjudicial a los intereses nacionales fue el contenido de esta Nota Reversal, que fue aceptado por el gobierno del general Andrés Rodríguez (+), que el Legislativo, el 15 de junio de 1995, decidió rechazalo.
Argentina, con el silencio cómplice de las autoridades paraguayas de turno, resolvió mantenerlo en vigencia, la que seguirá porque el Congreso del vecino país cajoneó los instrumentos que defendieron ayer los 21 senadores, a pesar de que pasaron ya 13 meses desde la promulgación de las leyes de aprobación (6135 y 6136), aún por el Gobierno de Horacio Cartes. La proximidad de las elecciones argentinas empeora esa perspectiva.
Los 21 senadores, cuyos nombres publicamos ayer, no quisieron entender que la derogación de esas leyes era una nueva oportunidad que se le presentaba al Paraguay para negociar mejores condiciones de venta de su excedente en Yacyretá, que es aprovechada hoy no solo por empresas argentinas, sino también brasileñas.