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“Evidentemente resultó ser una imposición para contratar hasta el 2022 valores de que eran limitadas, en caso de que alguna empresa importante quisiera instalarse en el país”, afirmó.
Agregó que también fue un intento de sometimiento de la soberanía paraguaya, estando aún vigentes los acuerdos del 2007, que le permiten a la ANDE manejar la energía garantizada y los excedentes, con lo cual saca un mix de tarifa favorable.
Indicó que esos acuerdos son frutos de un “entendimientos entre gobiernos”, porque en contrapartida los brasileños consiguieron otras cosas, quizás mucho más importantes, como la incorporación de dos turbinas más. “También están llevando la energía excedente (la más barata) proporcionalmente a sus contratos, que orilla el 90%, y a nosotros nos queda la parte más exigua, que no se puede comparar con lo que lleva el Brasil”, afirmó.
Otra cuestión grave para el ingeniero Brasa es el planteamiento sobre el manejo del embalse, porque la energía que se genere le correspondería al Brasil retirar en mayor proporción, como un adicional a su contrato, que ronda también el 90%.
Sobre el punto, recordó que cuanto le tocó la oportunidad de estar al frente de la Dirección Técnica de Itaipú nunca permitieron este procedimiento, porque en ningún lado del Tratado está contemplada la energía que se puede generar a través del desembalse.
“En todo caso, si se va a desembalsar, la mitad de la energía producida le debe corresponder al Paraguay”, subrayó.