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Desde el inicio de sus operaciones como empresa mixta en la década de 1980, Petropar, en ese entonces Repsa (60% del Estado y 40% de la firma extranjera Boliviana Oil Company), paga al Instituto de Previsión Social (IPS) el 100% del aporte jubilatorio de sus funcionarios, que son 887 en este momento.
Pasaron varias décadas y dicho privilegio para los empleados de la petrolera del Estado –como ninguna otra empresa estatal– continúa campante pese a que la Contraloría General de la República (CGR) lo cuestionó en varias auditorías practicadas a los estados financieros de la entidad.
En sus informes, la CGR afirma que aquello carece de sustento legal. Se aplica mediante contrato colectivo de trabajo firmado con los sindicatos. A este privilegio para los operarios se suma la entrega de combustibles gratis o por debajo del precio del mercado, salarios millonarios, bonificaciones, premios, dos aguinaldos, etc.
La semana pasada Diputados aprobó una reprogramación presupuestaria de G. 28.073 millones apoyada por los sindicalistas de la estatal. Presentaron el plan los diputados colorados Arnaldo Samaniego y Carlos Núñez Salinas.
Parte de este dinero aprobado en Cámara Baja irá al pago de la jubilación que corresponde a los obreros, lo que es criticado por el máximo ente de control (ver infografías). Según el detalle de la reprogramación del rubro aporte jubilatorio del empleador, G. 850 millones corresponden a la presidencia, G. 1.650 millones a la planta de Villa Elisa y G. 1.170 millones a la planta de Mauricio José Troche.
Como ya dijimos, el 9% del aporte obrero al IPS figura bajo el rubro “otros gastos de personal”. En la reprogramación solicitada, respecto a esos “otros gastos de personal”, a la presidencia irán G. 3.700 millones; a la planta de Villa Elisa, G. 3.030 millones, y a la fábrica de Mauricio José Troche, G. 600 millones.
Otros rubros con significativos aumentos son: “bonificaciones”, por G. 8.350 millones, y “jornales”, por G. 4.250 millones.