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En agosto del año pasado, días antes de que asumiera Sante Vallese la presidencia de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Eduardo Neri González rubricó el contrato Nº 73 de G. 4.300 millones con CG TC SA, propiedad de Óscar Chamorro Lafarja, hijo del político colorado José Chamorro, para la instalación de puertos Gpon. Según el detalle, la citada empresa debía instalar la tecnología en diez centrales telefónicas y un centro de monitoreo, dentro del plan nacional de banda ancha. Informaciones extraoficiales señalan que está incumpliendo con este compromiso, así como el contrato de G. 17.749 millones firmado en diciembre de 2018 por el actual titular de Copaco (Vallese), para la instalación de una red óptica Gpon en las diez centrales telefónicas. En agosto pasado, según el cronograma, ya debían estar equipadas cinco de las diez centrales.
Intentamos consultar sobre el tema con el gerente técnico Gilberto Rivas y la gerente de Contrataciones María José Ibarra, pero sin éxito.
En la firma privada tampoco nos han informado de la situación de los contratos que, según los datos, permitirán el mejoramiento de los servicios de telefonía, internet e IPTV (tv por internet) a los usuarios de Copaco.
Carmen Irala, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones, dijo a nuestro diario que le negaron informes de fiscalización “argumentando confidencialidad”. Lamentó el mal uso del dinero porque entre diciembre de 2018 y setiembre de 2019, perdieron 34.125 usuarios.
Además de los G. 17.749 millones, Bullers también debe proveer y mantener una red Gpon en el Paraná Country Club por G. 4.420 millones, según contrato rubricado en marzo de 2018.
En estos tres contratos otorgados a CG TEC y Bullers, Chamorro Lafarja fue beneficiado con alrededor de G. 27.000 millones.
El incumplimiento del proveedor del Estado con Copaco no se limitó a la provisión de tecnología solamente. También fue en servicio de vigilancia. Su firma Security Service Tecnology (SST SA) incumplió en un contrato de US$ 5 millones.
Solo a una firma sancionó la DNCP
Óscar Chamorro Lafarja montó una red de empresas para acaparar licitaciones de entes públicos. Es irregular porque colisiona con la libre competencia. Todas operan en la misma dirección: 12 de Octubre esquina Igualdad. La única subsidiaria sancionada en dos oportunidades fue Watchman SRL. En junio último, Contrataciones Públicas le sancionó por incumplir contrato del 2016 de G. 1.168 millones. Apenas fue una amonestación y apercibimiento por escrito. En 2015 le había sancionado la primera vez por incumplir contrato de G. 2.200 millones con la Caja de Jubilaciones de Empleados Bancarios.