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Pescando la plata se encuentran más de 370 personas que aseveran conforman varias asociaciones y sindicatos de pescadores. Estos piden una indemnización de G. 150 millones por persona o que se les compren lanchas, cámaras frigoríficas u otras herramientas.
Las solicitudes fueron enviadas al grupo empresarial Vimérica SA, que lleva adelante las obras de refulado para la Isla San Francisco, en Limpio, donde más adelante prevé erigir un masterplan turístico y de entretenimiento. Aunque en la zona son efectuados otros trabajos de refulado, los pescadores dicen que particularmente el de la isla “está causando un perjuicio tremendo e irreversible”. Desde la mañana de ayer instalaron en la isla “una carpa de resistencia” y exigen dialogar con representantes de Vimérica, quienes ya delegaron el tema a sus abogados, considerando que los pescadores invadieron una propiedad privada.
Camilo Arrúa, exconcejal de Mariano Roque Alonso y departamental, con antecedentes por cobro indebido de subsidio por veda pesquera y que forma parte del sindicato de pescadores, dijo ayer que su área es una de las afectadas y que no permitirán el avance del refulado en la isla hasta no hallar una respuesta a los pedidos. Acotó que hoy bloquearán el río con una fila de canoas y lanchas.
Por su parte, Inocencia Almada de Ojeda, pescadora desde hace 35 años, manifestó que los inversionistas “destruyeron el lugar de trabajo de pescadores”. Añadió que la empresa se niega a indemnizar a 370 trabajadores, que al principio pidieron el pago fraccionado a cada uno, luego decidieron reducir el monto de G. 150 millones a G. 30 millones, pero que tampoco tuvo efecto. A su vez, Atanasia Galeano, también pescadora, dijo que actualmente ya no pueden ingresar a las canchadas para extraer los peces del río para su posterior comercialización. Habló de una inversión que supera los G. 5.000.000 para la preparación, que consiste en la limpieza del área de pesca (canchada) donde arrojan las redes y pide una oportunidad para llegar a un acuerdo que les beneficie. Aseguró que están a favor del progreso, pero “no a costa del desempleo” de su grupo.
Admiten falta de datos
Derlis Arrúa, abogado que representa a los manifestantes, refirió que “hasta ahora no hay salida alguna para los pescadores”. El asesor legal expresa que Vimérica SA pidió a la Dirección de Pesca y Acuicultura del Ministerio del Ambiente y Desarrollo (Mades), una evaluación de la producción de los lugareños, equivalente en guaraníes, para poder “calcular” el monto de la indemnización. “En el permiso de impacto y evaluación ambiental emitido por el Mades, en su artículo 7 dice que ellos (los proyectistas) deben conciliar con los pescadores locales y es ese punto el que no se está cumpliendo y en eso nos basamos para llegar a una solución. La empresa pide al ministerio unos informes que son imposibles de tener porque no existe un registro sobre la producción de los trabajadores. No se sabe cuántos pescados son sacados del río”, indicó.
“No hay sinceramiento”
Por su parte, Darío Mandelburger, director general de Protección y Conservación de la Biodiversidad, del Mades, expresó que de parte de los pescadores “no hay un sinceramiento con los datos del volumen que mueve el área”. Añadió que se otorgó la licencia a Vimérica teniendo en cuenta todos los factores, incluso se abrió una mesa de diálogo con ambas partes y que la afectación es relativa porque el refulado es por un tiempo determinado, y además, Vimérica no es la única que se encuentra operando en ese territorio.
“Ellos (los pescadores) dicen que en una canchada están 200, cómo puede ser eso. Estamos analizando si hay superpoblación de pescadores en la zona. También detectamos algunas cosas negativas de parte de ellos”, cuestionó.
Vimérica emitió ayer un comunicado sobre la situación explicando que el grupo “ha decidido invertir en Paraguay por varias de sus fortalezas” y “para el efecto, con todos los estudios de rigor presentados, ha obtenido la licencia de todos los organismos estatales vinculados, mediante propuestas en completa armonía con la naturaleza y resguardo de las leyes nacionales”.