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Paraguay tiene habilitadas actualmente 2.522 estaciones de servicio (EE.SS.), en un territorio de 406.000 km2 y poco más de 7 millones de habitantes.
La cantidad es alarmante, según la Asociación de Operadores y Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), puesto que países de la región que tienen un número superior de habitantes y de extensión territorial cuentan con una cantidad significativamente menor de EE.SS. que el Paraguay (ver facsímil).
Según los datos que proporcionó la citada asociación, Chile posee 1.455 estaciones de servicio para una población de alrededor de 19 millones de habitantes y una extensión territorial de 756.000 km2.
Bolivia apenas cuenta con 522 surtidores para una población de 11 millones de habitantes y más de 1.099.000 km2 de tierra. Uruguay posee 474 EE.SS. para unos 4 millones de habitantes distribuidos en 176.215 km2.
Ecuador, un país con una población de 16 millones de personas, tiene 1.085 surtidores. Su territorio abarca 283.560 km2.
Hasta la Argentina tiene poca cantidad de surtidores (3.902) en comparación a sus 44 millones de habitantes y territorio de 2,7 millones km2.
Entre los países con mayor cantidad de surtidores están Colombia y Brasil, pero ambos son populosos y muy extensos. Colombia tiene habilitadas 5.019 estaciones y posee alrededor de 40 millones de habitantes (1,1 millones de km2) y el Brasil 41.900 estaciones y 200 millones de habitantes en 8,5 millones de km2 de tierra.
La libre competencia, pero también seguridad
El arquitecto Luis Villalba, director general de combustibles del MIC, señaló ayer a nuestro diario que, si bien se trata de la libre competencia, se debe tener una norma rigurosa para todo el país, que establezca requisitos máximos y mínimos para la construcción y apertura de surtidores, a fin de garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente.
“Es fundamental una norma basada en exigencias internacionales, que incluya parámetros internacionales de seguridad ambiental y que sean de aplicación obligatoria. No es para desalentar la inversión sino simplemente para garantizar la seguridad ambiental y también del consumidor”, expresó.
Añadió que la norma debe contemplar la adecuación gradual de las estaciones que no cumplen con los estándares de calidad.
Alejandro Guggiari, titular de Apesa, refirió por su parte que están preocupados “porque las instituciones no toman en serio la contaminación”. Una señal es que no aprueban las reglamentaciones que fijan requisitos técnicos claros para la apertura de los surtidores, así como la inversión necesaria en infraestructura, dijo.
En los últimos tiempos se han ido habilitando nuevas estaciones de servicio con una inversión menor, con materiales que no reúnen las garantías de calidad internacional, según lo señalado. Justamente, por la poca plata invertida muy pocas estaciones de servicio fueron construidas a lo largo de los años respetando los estándares de calidad internacional.
Estudio reveló grave contaminación
Una investigación en marzo de 2018 de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional reveló la grave contaminación del Acuífero Patiño con “MTBE” (Metil Ter Butil Éter), componente químico de combustibles.
Una de sus áreas de influencia, el departamento Central, es donde se concentra la mayor cantidad de surtidores en el país, de acuerdo a datos del MIC.
Ni bien se conoció el contenido de la investigación, el sector privado propuso la conformación de un comité técnico para la elaboración de una norma que exija a los inversores una serie de requisitos, a fin de garantizar la preservación medio ambiental. La norma contempla la extensión de 1.000 m2 de terreno, la instalación de tanques ecológicos (con doble pared que impida la filtración), pozos de monitoreo entre otros.
El comité integraron técnicos del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), ministerios de Industria y del Ambiente, gremios y otros.
Políticos se metieron en el negocio
El diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez es uno de los nuevos empresarios del sector de los combustibles junto con su pareja Nidia Cabrera, concejala de Villa Hayes. Construyó una gasolinera el año pasado en una plaza pública de esa ciudad, corroboró ABC.
Otros políticos en el negocio son: Clemente Barrios, exdiputado colorado; Digno Caballero, intendente de Minga Guazú y su esposa, la diputada colorada Blanca Vargas; el presidente de la seccional 1 de Fernando de la Mora, Víctor Molas Turo; Julio Colmán, exdiputado colorado; Lourdes Paredes Medina, hija de la diputada cartista Del Pilar Medina; y Cayo Narváez, miembro del Partido Colorado, según los datos.
Todo indica que municipalidades locales y el Ministerio de Industria no ejercen control estricto para otorgar los permisos a los “empresarios”.