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El controvertido documento, formalizado por el embajador paraguayo en Brasilia, Hugo Saguier, y un secretario de Itamaraty, Pedro Miguel da Costa e Silva, fue suscrito el 24 de mayo pasado amparados por un llamativo silencio.
El acta saltó a la luz pública dos meses después, al trascender la renuncia del Ing. Pedro Ferreira a la presidencia de la ANDE, porque se negó a firmar los documentos pertinentes, según pudo confirmarse en fuentes autorizadas.
“Mi renuncia no es porque hay nuevas autoridades. Es porque acompaño la posición de los técnicos de la ANDE que este acta bilateral, si se llega a implementar, le va a obligar a la ANDE a incurrir en una serie de costos financieros que serán muy perjudiciales, para la ANDE y lesivos a los intereses de nuestro país”, explicaba el Ing. Fabián Cáceres, hasta ayer gerente técnico de la ANDE a ABC Cardinal.
Agregó Fabián Cáceres que el desafío que enfrentaban “todos los años” era contratar la menor cantidad posible de potencia firme, “jugar un poquito con la estadística”, estudiar la disponibilidad de excedentes en Itaipú, la de Acaray y Yacyretá, luego “hacer una mezcla de tal manera que la tarifa media final tenga un costo financiero bajo para que podamos sostener las tarifas actualmente vigentes de la ANDE”.
Insistió en que ese era el desafío que respondían en forma cotidiana y que para ese trabajo contaban “con profesionales muy capacitados que se pasan haciendo estos estudios para hacer las actuales contrataciones”, que lo hacen desde el 2008, “inclusive para atrás”.
Agregó que con el acta en cuestión “nos obligan dejar ese tipo de contratación”, y elevar la cantidad de la potencia contratada, “que es más cara”, obviamente, menos de la excedente, la más barata, razón por la cual la nueva tarifa media resultará más cara”.
Se le pidió que cuantificara la diferencia, o sea, con el acta, cuánto más deberá abonar la ANDE a Itaipú y, su respuesta fue categórica: más de US$ 300 millones.
Inquirido quién o quiénes absorberían esa diferencia, y respondió que la vía que el conoce es la de la tarifa, en otras palabras se cierne sobre el usuario de la estatal la amenaza de otro tarifazo, como el que se registró en 2017, salvo que el Ejecutivo disponga un subsidio para cubrirlo.
Advirtió que otros puntos del acta, como las maniobras con el nivel del embalse y la “cesión de la energía vinculada”, etc., se traducirán en otros causantes de sobrecostos para la ANDE.