Leoz pide rechazo del pedido de extradición

El expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz solicitó ayer el rechazo del pedido de extradición formulado por la Justicia de los Estados Unidos, para su procesamiento por escándalos que salpicaron al fútbol, derivados de sobornos para la elección de sedes de mundiales y por derechos de transmisión de partidos de fútbol.

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La presentación fue realizada por el abogado Ricardo Preda, quien sostiene que la acusación se basa en su totalidad en supuestos hechos de soborno privado, delito que no está penalizado en nuestro país.

“Estamos convencidos, con estos argumentos y otros más que están adjuntados al escrito que tiene 21 páginas, de que no se debe admitir la extradición por la falta de la doble incriminación, y que es básicamente el motivo por el cual se puede denegar una extradición”, resumió Preda.

Para sostener su postura el profesional agregó dictámenes de expertos norteamericanos en leyes –el ex fiscal general de los Estados Unidos Dick Thornburgh y la profesora de Derecho Penal Susan Klein– que concluyen que la acusación se basa única y exclusivamente sobre el soborno privado.

Asimismo, Preda anexó un informe de las Naciones Unidas que recomienda la penalización del soborno privado, precisamente porque en nuestro país no lo prevé su legislación.

Junta médica

En su presentación el profesional ofrece la posibilidad de realizar una junta médica para evaluar el estado de salud de su defendido, que en setiembre próximo cumplirá 89 años de edad.

“Si bien nosotros pedimos que se rechace por una cuestión estrictamente jurídica basada en la falta de doble incriminación, nosotros también sugerimos, como el Ministerio Público había dicho esto en su dictamen, que si el juez lo considera pertinente, que ordene una junta médica con médicos del Poder Judicial, Ministerio Público y la defensa, para que evalúen la situación del doctor y si un eventual traslado a otro país podría poner en riesgo su vida”, acotó el abogado defensor.

El caso está a cargo del juez de garantías Humberto Otazú.

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