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La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón (con mandato vencido), junto con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), bajo la administración del ministro Óscar Boidanich, como mínimo pueden ser calificadas de inoperantes en el caso FIFAgate.
Con la excusa de que el “soborno en el ámbito privado” no está tipificado en nuestro Código Penal como delito, no han realizado ni una sola diligencia con relación al “mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol”, siendo uno de sus epicentros la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) instalada en Paraguay, bajo las leyes y normas de nuestro país, ignorando numerosos otros delitos como el lavado de activos, asociación criminal, fraude y otros que se cumplen en el caso FIFAgate.
En efecto, la Fiscalía y la Seprelad hace tiempo hubieran aplicado la Ley N° 1015/97, “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, ubicando el dinero robado y otros activos que fueron producto de este grave delito que solo a la Conmebol le ha significado el robo de US$ 130 millones en 15 años.
Todo hace pensar que la “no actuación” de la Fiscalía y la Seprelad tendría como objetivo dar tiempo a los delincuentes para borrar cualquier delito o permitir transferir los bienes malhabidos. Tal es el caso del Dr. Nicolás Leoz, acusado de desviar a sus cuentas personales nada menos que US$ 27 millones de la Conmebol.
Efectivamente, Nicolás Leoz y su esposa María Clemencia Pérez, ante la inacción de la Fiscalía y la Seprelad, están plenamente habilitados para transferir todos sus activos presuntamente malhabidos, producto del robo a los clubes sudamericanos (incluidos los de Paraguay).
De hecho, como se puede ver en una escritura pública –a la que ABC Color tuvo acceso exclusivo– de fecha 21/04/2016 ante la escribana Mirtha Trinidad, Nicolás Leoz transfiere llamativamente tres bienes inmuebles del edificio del Banco do Brasil sucursal Asunción, a favor de su abogado (y representante legal en el juicio de extradición a los EE.UU.), Raúl Fernando Barriocanal.
La sospechosa transferencia, realizada un año después de destaparse el caso FIFAgate (27/05/2015) fue otorgada por Leoz a Barriocanal en dación de pago por “terminación de contrato de servicios”, sobre una deuda que supuestamente tenía Nicolás Leoz con el abogado por la suma de nada menos que US$ 872.838 (G. 4.800 millones al tipo de cambio actual).
Corresponde pues a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción individualizar a todos los autores principales y/o cómplices del delito de lavado de dinero de la Conmebol y proceder de forma inmediata a ubicar todos los bienes, derechos o valores que fueron objeto de este delito para su comiso, de acuerdo a la Ley N° 1015, de Lucha contra el Lavado de Dinero, según expertos del sector.
La Conmebol es otra responsable que nunca presentó denuncia penal contra los que desviaron sus fondos multimillonarios.
Grupo Leoz en la mira
Se debe incluir en el proceso de investigación a todas las personas físicas o jurídicas que se hayan prestado a través de maniobras fraudulentas a ocultar los bienes adquiridos por el “Grupo Leoz” con dinero que tenía un origen “ilícito”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 1015, dijeron abogados penalistas en referencia al caso FIFAgate.
Recordemos que el “Grupo Leoz” incluye una serie de activos en los que se encuentran, entre otros, una inmobiliaria, una fábrica (Stevia NL), un hospital y estancias.
mvelazquez@abc.com.py