Libro sobre el Paraguay de la posguerra del 70

Un libro que retrata lo que ocurrió en el Paraguay luego de la invasión aliada en 1869 y la muerte del Mariscal López, el 1 de marzo de 1870, es el que aparecerá el domingo 22, con el ejemplar de nuestro diario.

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Será el volumen 17 de la colección “A 150 años de la Guerra Grande”, de ABC Color y El Lector. Lleva el nombre de “El país ocupado”, escrito por el historiador Herib Caballero Campos.

Aquella posguerra fue signada por el pillaje, el saqueo y el hambre, en medio de la crueldad extrema de las tropas brasileñas, en especial.

Entre los bandidos que asolaban la campiña paraguaya luego de la guerra se encontraban oficiales y soldados paraguayos así como aliados. Un ejemplo es el del teniente Higinio Céspedes, quien guardaba reclusión en el cuartel de la Legión Paraguaya, acusado de andar “…saqueando algunas poblaciones, bajo pretexto de contribución”.

El 5 de enero de 1870 se informaba que fue “…asaltada una casa por las inmediaciones de la Trinidad por una tropa de bandidos en número de 20, habiendo tenido que huir la familia que habitaba dicha casa a pedir socorro al campamento argentino en la quinta de Berges. Esto es muy desagradable y tendremos que ver repetirse estas tristes escenas mientras las autoridades no traten de evitar dando un castigo ejemplar con toda la energía posible”.

Como respuesta a tanta violencia, el jefe político de Asunción, Juan Francisco Decoud, dispuso que “…queda prohibido desde hoy en adelante a todo individuo portar armas ofensivas de cualesquier clase en la cintura u otro lugar visible; los infractores a esta disposición pagaran una multa de 10 $ o 5 días de prisión en trabajos públicos”. Dicha medida debía ser cumplida por las diversas comisarías, que no contaban con mucho personal para tal efecto.

El hambre era tal que las personas morían a la vera de los caminos y ahí eran enterradas por sus deudos o por alguien que se apiadaba de los desgraciados. Pero en la propia ciudad la gente moría en las calles.

Ante tal situación, Cirilo Antonio Rivarola, miembro del Gobierno Provisorio, redactó una circular, fechada en diciembre de 1869, que disponía que los cadáveres fueran sepultados en los patios de las jefaturas policiales o locales de los juzgados de paz en cada jurisdicción.

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