Tras el reemplazo de la Ley N.º 5.102/14, de Alianza Público-Privada (APP), por la nueva ley N.º 7.452/2025, “De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública, ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, se facilitará la captación de inversiones en diversas áreas, mejorando la eficiencia del sector privado y fomentando la atracción de capital extranjero.
Así destacaron hoy en el encuentro organizado por la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil (CCPB), sobre “Inversión y crecimiento: oportunidades con la nueva Ley de APP”. El evento contó con la presencia de especialistas, como Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas; Marco Aurelio González, procurador general, y César Barreto, economista y exministro de Hacienda.
La actividad se realizó en la mañana de este miércoles, 19 de marzo, en el Salón Mburukuja del Hotel TRYP By Wyndham Asunción. El empresario Rubén Jacks, directivo de la CCPB, fue el moderador.
Las autoridades del Gobierno destacaron que Paraguay está apostando por el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP) para mejorar y expandir su infraestructura, especialmente en un contexto de restricciones fiscales. Esta estrategia busca fortalecer no solo las rutas nacionales, sino también otros sectores clave, como el de la transmisión de energía, agua y saneamiento, además de un ferrocarril.
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Según el ministro, el ferrocarril es una iniciativa privada, que iría “paralelo a la ruta a Ciudad del Este”, conectándose con esa ciudad, y que ya cuenta con financiación y un estudio de factibilidad. No dio más detalles sobre la empresa que presentó el proyecto, tampoco sobre el tramo específico.
“El presupuesto general de gastos del país se complementará con los recursos provenientes de la renegociación del tratado con Itaipú, que permitirá al Paraguay recibir aproximadamente 650 millones de dólares adicionales, excluyendo royalties y compensaciones. La mayor parte de estos fondos se destinarán a proyectos de infraestructura, lo que representa una oportunidad significativa para el país”, explicó el ministro de Economía y Finanzas.
Grado de inversión, una oportunidad
Aseguró que el momento es especialmente favorable debido al grado de inversión alcanzado por Paraguay, hecho que facilita la emisión de bonos, tanto en guaraníes como en dólares, en los mercados internacionales. Esto hace que los proyectos de APP puedan despegar con fuerza, generando empleo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
“Esta ley ha permitido proyectos importantes, como la Ruta PY02, un ejemplo exitoso de colaboración público-privada”, añadió por su parte el economista César Barreto, asegurando que, con la aprobación de la nueva ley, el proceso se agiliza, clarificando los roles institucionales y aumentando los montos que el fisco puede comprometer en estos contratos.
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“La nueva ley otorga al Ministerio de Economía un papel rector, consolidando funciones antes dispersas entre diferentes instituciones. Además, se incrementó el monto de los proyectos posibles bajo el régimen de APP, del 2 al 4% PIB, lo que facilita la inversión en un escenario fiscal más restrictivo”.
“El sistema también se presenta como un atractivo para las inversiones extranjeras, ya que proyectos de gran escala requieren financiamientos que exceden las capacidades del mercado local; esto obliga a recurrir a emisiones de bonos en mercados internacionales”, agregó Barreto.
Al respecto, se abren las puertas a empresas extranjeras con experiencia en infraestructuras regionales, especialmente aquellas con presencia en países como Brasil, Argentina, Chile y Perú.
Los expertos de este nuevo marco legal no solo apuntan a mejorar la infraestructura del país, sino también a fortalecer la capacidad de las empresas locales que, a través de la colaboración con actores internacionales, ganarán experiencia en proyectos de gran envergadura.
“Creo que es una oportunidad que puede aprovecharse y que es donde deberían involucrarse los actores, que van a participar de alguna oferta en el proyecto de la inversión pública”, añadió Marco Aurelio González, procurador general, quien explicó las implicancias legales de la nueva normativa.
