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Hasta el 31 de enero continuará el proceso de socialización del anteproyecto de ley de reforma del transporte, disponible desde finales de diciembre en el portal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La institución seguirá recibiendo aportes, ideas y sugerencias de la ciudadanía hasta esa fecha.
Uno de los puntos que cuestiona la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), en su análisis preliminar, es que el Viceministerio de Transporte (VMT) deberá emitir un dictamen vinculante sobre la viabilidad del servicio de transporte público que las municipalidades quieran concesionar. Si fuese necesario, el VMT también indicará los ajustes que deberán hacerse para garantizar la viabilidad del servicio.
Si bien las municipalidades de las áreas metropolitanas podrán diseñar la operativa, definir el tipo de servicio y los indicadores de niveles de calidad, el VMT deberá autorizar el plan. Si el procedimiento de contratación del servicio de transporte público municipal no cumple con estos requisitos, será considerado nulo, y la Procuraduría General de la República (PGR), ante una solicitud del MOPC, demandará su nulidad ante el Tribunal de Cuentas de la República.
A merced de la voluntad política
Opama advirtió que la viabilidad de los servicios municipales de transporte quedará a merced de la voluntad política de turno, situación que permitiría que el MOPC y la Procuraduría anulen la contratación de un servicio. Según la organización, esta situación vulnera la política de descentralización, ya que los municipios dependerán de las autoridades de turno para realizar sus concesiones.
“¿Y si no son del mismo partido político y deciden perseguir al intendente? ¿O, si son del mismo partido, permitirán que se habiliten servicios inviables para congraciarse con el intendente de su mismo signo político?”, se pregunta Opama.
La organización también destaca que no se mencionan mecanismos claros para asegurar una gobernanza adecuada entre Dinatran, VMT y los municipios, y no se hace referencia a las gobernaciones, solo a la posibilidad de firmar convenios.
Vulneración de los derechos laborales
Otra cuestión que Opama cuestiona es que el borrador del proyecto de ley vulnera los derechos laborales, afectando la estabilidad laboral. El anteproyecto establece que los conductores de las empresas que pierdan sus permisos podrán ser evaluados por el nuevo operador, adjudicado para su incorporación, pero no menciona los criterios de evaluación, dejándolos a criterio de los empresarios y del VMT para una futura reglamentación.
“Sabemos que el actual gobierno poco hace por cumplir los derechos establecidos en el código laboral. ¿Por qué dejar en manos del VMT y los empresarios la estabilidad laboral de los trabajadores cuando está demostrado que no les interesa proteger estos derechos?”, menciona Opama.
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Finalmente, la organización resalta que el texto publicado incluye disposiciones generales sobre la provisión de flotas e infraestructura, pero sin criterios definidos.
En este sentido, el Estado asumirá toda la inversión necesaria, tanto a corto como a largo plazo, para hacer viable el nuevo sistema. Esto incluye la compra de buses, la provisión de infraestructura, como carriles exclusivos y estaciones (paradas), y el pago de subvenciones a las empresas que operen los colectivos, que podrán ser concesionarias (mediante licitación) o permisionarias, según la Ley N.º 6710/2021, que autoriza la operación y habilitación excepcional y temporal de vehículos especiales para la prestación del servicio de transporte.