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El Anexo C del Tratado de Itaipú, que establece las bases financieras y de prestación de los servicios por parte de la entidad binacional, debió revisarse en agosto del 2023, tras cumplirse 50 años de vigencia del documento. Sin embargo, el gobierno del Brasil no quiso negociar con el gobierno saliente de entonces, encabezado por Mario Abdo Benítez, y las negociaciones arrancaron con el actual gobierno, de Santiago Peña.
Según declaraciones recientes del ministro de Industria y consejero de Itaipú, Javier Giménez, cumplir con el plazo autoimpuesto para concluir la revisión del Anexo C, fijado para “antes del 31 de diciembre del 2024″ es “difícil”.
Cabe recordar que cuando en abril de este año, Paraguay y Brasil alcanzaron un acuerdo para fijar una nueva tarifa de US$ 19,28 por kWh/mes, durante tres años, también se comprometieron ambos gobiernos a terminar la revisión del Anexo C en el citado plazo.
Este pacto fue considerado un paso importante, ya que también contenía términos que serían incluidos en el nuevo Anexo C, según establecieron. Entre ellos, que “las partes se comprometen, en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que la parte paraguaya de la energía de Itaipú, no consumida por el Paraguay (excedentes), podrá ser vendida libremente al mercado brasileño por el Paraguay”.
Avances sin cierre
Por su parte, el presidente de la República, Santiago Peña, señaló el domingo último en un programa de televisión, que la negociación con el Brasil “no terminó“.
“Seguimos las conversaciones. Nosotros estamos más preocupados que en cumplir una fecha, en que realmente se cumpla el objetivo. Pero hay conversaciones, hay un equipo que está trabajando en eso. Y eso va a llevar su camino”, añadió.
Peña también mencionó que actualmente se tiene la tranquilidad de que Itaipú tiene tarifa definida por tres años. “Entonces eso nos da, de alguna manera, un espacio... No tenemos esa premura que sí teníamos. El año pasado, en esta época, no había tarifa, no había presupuesto, y había una incertidumbre tremenda”, resaltó.
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El pasado 17 de diciembre, representantes de Itaipú Binacional indicaron que las negociaciones habían avanzado significativamente, alcanzando un 80% en las discusiones técnicas, asegurando que el diálogo entre ambas partes era fluido. El mandatario Santiago Peña enfatizó un día antes que “es mucho más importante tener un buen acuerdo que cerrarlo antes de fin de año”, lo que dejó entrever la posibilidad de extender las negociaciones al 2025.
En este contexto, el hermetismo de las autoridades paraguayas es una de las principales críticas de los sectores políticos y sociales. Sin entrar en detalles, excusándose con el secreto de la estrategia de negociación, el ministro Javier Giménez comentó recientemente algunos aspectos que se están tratando en el contexto de la negociación del Anexo C.
Los componentes de la tarifa, los gastos sociales, nuevas fuentes de energía, Acuerdo Operativo, uso de aguas y la esclusa de navegación son algunos de los temas tratados, según dijo.
A pocas horas del cierre del año, el escenario más probable parece ser el de una extensión del plazo para continua con las negociaciones en 2025. Esta decisión implicará desafíos políticos para el gobierno de Peña, que enfrentará críticas por la falta de resultados concretos en un tema considerado de soberanía energética, en un plazo fijado por los mismos presidentes de ambos países.