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En medio de las tantas necesidades que apremian al país en salud, educación, infraestructura, es inadmisible que millonarios recursos públicos “se escapen” del presupuesto para cubrir la diferencia de las jubilaciones de los funcionarios públicos, y algunos incluso accediendo a jubilaciones vip debido a sus siderales salarios.
En la última década, entre el 2015 y 2024, el déficit de las jubilaciones totalizó G. 8,66 billones (son alrededor de US$ 1.150 millones al cambio actual), de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Cabe mencionar que este monto fue financiado con recursos del Tesoro, o sea con nuestros impuestos. El déficit surge de la diferencia entre los ingresos (aportes) que no alcanzan para cubrir los egresos (pagos de las jubilaciones).
Solo este año, de enero a noviembre, el déficit de la Caja Fiscal alcanzó G. 2,096 billones (US$ 260,8 millones) que duplica prácticamente a lo financiado el año pasado en el mismo periodo, cuando sumó G. 1 billón (US$ 139 millones).
La Caja Fiscal o técnicamente denominada Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, es considerada un programa presupuestario compuesto por dos sectores: el civil, que aglutina a los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, además de maestros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y el no civil: integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La Caja Fiscal, según el registro a noviembre, cuenta con 229.221 aportantes, funcionarios activos que contribuyen al fondo de jubilaciones con el 16% de sus ingresos; 66.459 jubilados y 12.056 herederos o pensionados.
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Proyección de déficit en 2027
En el ritmo que viene incrementando el agujero de la Caja Fiscal, el propio MEF advirtió en un reciente informe que los recursos excedentes se agotarán en el mediano plazo y el déficit en 2027 se estima en 1,3% del PIB, lo que representa unos US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar.
Según las proyecciones, de este monto total el déficit para el programa no civil (policías y militares) se estima en US$ 217 millones y para el programa civil (administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios) US$ 289 millones.
Urge reforma
Desde distintos sectores coinciden en la necesidad de una urgente reforma en la Caja Fiscal. En principio, el gobierno de Peña tenía previsto presentar este año al Congreso un proyecto de ley de reforma, pero finalmente decidió postergar para 2025, aunque sin mencionar en qué mes se haría.
Sin embargo, se ha dado prioridad a un proyecto de modificación de la carta orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS), que busca entre otros puntos elevar de tres a 10 años la base para el cálculo del haber jubilatorio. El proyecto cuenta con apoyo de la bancada HC y figura para tratamiento en la última sesión del año en la Cámara de Diputados de esta semana.
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Por su parte, Todd Martínez, técnico de la Calificadora Fitch, durante un conversatorio la semana pasada destacó la necesidad de implementar algunas reformas estructurales que ayuden a un Estado a alcanzar el grado de inversión por parte de dicha calificadora. Dijo incluso que la reforma de la Caja Fiscal sería lo más contundente para la calificación de Fitch, porque tiene implicancias importantes para las finanzas públicas.
A su vez, Rodrigo Valdés, economista chileno, exministro de Hacienda de su país y actual director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una reciente visita a nuestro país también advirtió de los riesgos para la finanzas públicas ocasionados por este déficit de la Caja Fiscal que fue ampliándose gradualmente en los últimos años. Indicó que es importante implementar reformas paramétricas más temprano que tarde para evitar que el déficit siga creciendo y desplace otras prioridades de gasto importantes. Dijo también que el uso persistente de los ingresos fiscales para financiar el déficit de la Caja Fiscal podría generar cuestionamientos sobre equidad entre los funcionarios públicos y trabajadores privados, y socavaría el objetivo de las autoridades de aumentar la confianza pública en el gasto gubernamental.
Además varios gremios empresariales como la Federación de la Producción, de la Industria y el Comercio (Feprinco), que en su mensaje de fin de año mencionaron la urgencia de encarar la reforma de la Caja Fiscal, consideran que no se puede seguir posponiendo, a fin de resguardar la seguridad financiera de todos los ciudadanos.
También desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP), insistieron en que la reforma de la Caja Fiscal no puede ser postergada.