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Según consta en los documentos oficiales a los que ABC tuvo acceso, la ministra de Salud, María Teresa Barán, bajo patrocinio del procurador Marco Aurelio González, solicitó “recusar con expresión de causa” al ministro de la Corte Víctor Ríos a fin de que el mismo “no entienda” en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por las firmas “Pro Confort Paraguay SACI” y “LA Business” para ingresar productos al mercado paraguayo “puenteando” el Código Sanitario y normas afines.
Esta situación se arrastra desde hace más de una década y se ha demostrado que los productos ingresados bajo esa modalidad se están comercializando en comercios mayoristas, pese a que el permiso de la máxima autoridad era “solo para importar y no para comercializar”, según había explicado el ministro de la Corte Víctor Ríos, que ahora fue recusado por autoridades del Ministerio de Salud y la Procuraduría para “no entender” en las causas que involucran a “Pro Confort Paraguay SACI” y “LA Business”.
Ambas firmas desconocidas fueron beneficiadas con medidas cautelares que suspenden los efectos del Código Sanitario, mientras la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analiza la cuestión de fondo. Pero tal y como lo vienen denunciando varios gremios empresariales, esas “medidas transitorias se vuelven eternas” y los productos terminan en las góndolas de comercios mayoristas, sin las garantías de seguridad e inocuidad requeridas por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), avaladas en los sellos de Registro de Productos Alimenticios (RSPA) y Registro de Establecimiento (RE).
Atendiendo el riesgo que representa para los consumidores la venta de productos en esas condiciones, la Procuraduría General de la República (PGR) ya había tomado intervención en todas las carpetas relacionadas a este tema. Además de Pro Confort Paraguay y LA Business, son varias las firmas que impulsan aciones, según lo informado.
Numerosas firmas “puentean” el Código Sanitario
“Pro Confort Paraguay SACI”, de Marcos Aurelio Galeano Sánchez (2023), es solo una de las firmas que accionó en 2023 contra el Código Sanitario y normas afines y obtuvo el “visto bueno” de la Corte para ingresar productos sin las licencias correspondientes, vía medida cautelar. La PGR ya había intervenido en esta carpeta.
Lo mismo sucedió con LA Business, que resalta debido a que sus beneficiarios finales (Luis Fernández Álvarez Jaramillo y Sandra de Oliveira) aparecen salpicados en el caso “A Ultranza”. En febrero de este año, esta empresa presuntamente de “maletín” logró la medida cautelar para ingresar productos al mercado sin las licencias correspondientes, con un documento firmado por los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos. La PGR pidió en julio último el levantamiento y la suspensión de los efectos de dicha medida.
Otras empresas como “GGG Import Export SA”, de Mario Gustavo y Esther Ana Beatriz Pitta Adorno, Ramón Santacruz Retamozo y Mirta Elizabeth Urunaga Cristaldo (2022); “Gravity Tel SA”, de Ali Hani Nader y Hussein Nader (2023); y “Brisas del Paraná”, de los ciudadanos Hihcam Mohamad Nassar y Ghassan Mohamad Nassar (2023), fueron beneficiadas con las medidas cautelares de al Corte.
Esquema de compra-venta
Recientemente, ABC recibió denuncias de fuentes que solicitaron resguardo de su identidad y accedió a comprobantes de despacho aduanero que evidencian un esquema de compra-venta montado entre firmas del Grupo Cogorno y LA Business, presuntamente de “maletín”, para importar productos que terminan en las góndolas sin el registro sanitario correspondiente.
En el “esquema” citado, publicado por nuestro diario, se destacan empresas como Borgaro SA, constituida en el extranjero, según registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyos beneficiarios finales son José Carlos, Felipe y Gustavo Cogorno Álvarez. Dicha sociedad ya impulsó en el 2017 acciones de inconstitucionalidad contra el Código Sanitario, pero la Corte las rechazó. Lo volvió a intentar en el 2019, pero su expediente sigue sin resolverse.
Además de Borgaro SA, figura en el esquema Global Stuff SA, cuyos beneficiarios finales son Alfredo Daniel López Galeano y Petrus Jacobus Brits. Aparece igualmente Martinar SA, también de los Cogorno (José Carlos, Felipe y Gustavo).
Según la denuncia y los documentos analizados, firmas como Borgaro SA, Global Stuff SA y Martinar SA adquieren mercaderías de distintos puntos en el extranjero, las trasladan hasta la zona primaria aduanera en Paraguay (territorio de operaciones de control) y ahí las facturan o venden a LA Business, que ya consiguió medida cautelar a inicios de 2024 para ingresar a nuestro mercado los alimentos y bebidas sin ningún control sanitario.
Aún se aguarda respuesta de la Corte
Gremios empresariales de los sectores industrial, importador, supermercadista, proveedores y afines siguen esperando que la Corte Suprema de Justicia rechace todas las acciones de inconstitucionalidad presentadas por empresas como L.A. Business y otras contra el Código Sanitario y normas afines.
También esperan que se dejen sin efecto las medidas cautelares que estas firmas consiguieron y que les ha permitido importar productos sin licencia sanitaria, poniendo en riesgo la salud pública de los consumidores y consumidoras.