Cargando...
El Ejecutivo presentó el 30 de agosto el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN 2025) a consideración del Congreso, con un monto de G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones) y déficit fiscal de 1,9% del PIB.
En setiembre se conformó la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, integrada por 25 senadores y 27 diputados, que tuvo a su cargo el análisis del proyecto para emitir su dictamen.
La comisión bicameral, a fines de octubre, emitió su dictamen recomendando la aprobación con modificaciones del proyecto, que incluían recortes de gastos por G. 159.000 millones y su redistribución hacía otros programas.
Lea más: PGN 2025: Diputados sancionó los autoaumentos y beneficios extraordinarios
Con las modificaciones sugeridas el monto planteado por la bicameral ascendía a G. 132,9 billones (US$ 17.560 millones), que fue aprobado el 11 de noviembre con algunas modificaciones más por la Cámara de Diputados.
La Cámara de Senadores el 28 de noviembre aumentó el proyecto a más de G. 133,2 billones (US$ 17.599 millones) y devolvió el proyecto a consideración de Diputados para una nuevo estudio, que ayer sancionó esta última versión.
Aumenta el gasto rígido en el presupuesto
El proyecto de ley sancionado por el Congreso aumenta en G. 320.849 millones (US$ 42,3 millones), en comparación con el presupuesto presentado por el Ejecutivo, que representa 0,2%.
Aunque la variación en porcentaje es mínima, el monto es significativo porque se destina en gran parte a servicios personales (salarios y otros beneficios) o gastos considerados rígidos, que cada año van sumándose y no se pueden reducir ni recortar.
Lea más: PGN 2025: ministros y viceministros también recibirán aumentos
Entre estos, están el autoaumento de los parlamentarios, de los ministros y viceministros del Ejecutivo, la creación de más cargos para un PGN que ya cuenta actualmente con más de 319.000, así como subas salariales para determinados sectores de funcionarios, entre otros beneficios.
Los legisladores para calzar las modificaciones que incluyeron en el proyecto de PGN 2025, incrementaron la emisión de bonos o préstamos en G. 11.000 millones, los recursos del Tesoro en G. 47.006 millones y, en su mayor parte, los recursos institucionales en G. 262.843 millones, en estos dos últimos casos sin ningún estudio técnico que avale que efectivamente mejorarán el año venidero.
Autoaumentos de parlamentarios y ministros
Los diputados y senadores recibirán desde enero del próximo año un aumento de G. 6.000.000 y pasarán a ganar G. 38.774.840 mensuales; los ministros un incremento de G. 1.242.465 y pasarán a ganar G. 26.093.665 mensuales, los viceministros una suba de G. 1.335.900 y pasarán a ganar G. 24.205.500 mensuales.
Lea más: PGN 2025: repartija salarial en el Senado y Congreso administrado por “Bachi”
Además, prevé un fondo de G. 30.368 millones (US$ 4 millones) para aumento salarial de funcionarios del Congreso y del Senado, la creación de alrededor de 100 cargos, bajo la administración del senador colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Senado y del Congreso.
También se crean bonificaciones y cargos en el Poder Judicial, así como en otras entidades, también se prevén “recategorización salarial”, “nivelación salarial” y contratación de personal.
“Nepobabies” y viajes en primera clase
Los parlamentarios mantienen en la ley del PGN 2025 los artículos que exceptúan al Congreso del cumplimiento de la Ley N° 6622/2020 o “Ley Godoy”, que establece medidas de racionalización del gasto público.
Igualmente, continuarán exceptuados de cumplir con la Ley N° 1626 de la Función Pública, que obliga a realizar concursos públicos para nombramientos y promociones.
Lea más: PGN 2025: parlamentarios promueven leyes de racionalización de gastos, pero que ellos no cumplen
Estas excepciones permiten a los legisladores seguir con la práctica de nombrar a sus “nepobabies” (hijos), familiares y clientes políticos en los cargos públicos con millonarios salarios.
A todo esto, se aprobó el artículo que autoriza a proveer a las autoridades pasajes aéreos en primera clase para sus viajes misionales, todo a costa de los impuestos que paga la ciudadanía que no recibe ninguna mejora en los servicios de salud, educación y seguridad.