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El presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional, el colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez, dispondrá el próximo año de G. 30.368 millones (US$ 4 millones al cambio presupuestado) como “Fondo de Recategorización Salarial”.
Al Congreso se le asignó un fondo de recategorización salarial de G. 17.893 millones (US$ 2,3 millones) y al Senado otros G. 12.475 millones (US$ 1,6 millones), dentro de sus respectivos presupuesto para el próximo ejercicio 2025.
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Estos fondos no estaban contemplados inicialmente en el proyecto del Poder Ejecutivo, tampoco en el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso ni en el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados.
Los recursos para otorgar aumento salarial a los funcionarios fueron incluidos en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidido por el colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, que se dio a conocer ayer poco antes de la sesión extraordinaria.
“Bachi” maneja gastos del Senado y Congreso
El fondo de recategorización salarial forma parte del grupo de gastos denominado servicios personales, que agrupa los salarios, dietas, gastos de representación, aguinaldo, remuneraciones extraordinarias, adicionales, subsidio familiar, bonificaciones, aporte jubilatorio, gratificaciones, jornales, honorarios profesionales y otros gastos de personal.
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“Bachi” Núñez como presidente administra el presupuesto del Senado y del Congreso, lo que le permitirá el año venidero repartir aumentos salariales y crear más cargos para la clientela política y sus “nepobabies”, que según las versiones que se manejan suman 100 los nuevos “puestos laborales”.
La recategorización salarial implica un aumento directo a ser otorgado a los funcionarios, teniendo en cuenta que el Poder Legislativo se exceptúa del cumplimiento de la Ley N° 1626 de la Función Pública, que obliga a realizar concursos; y de la Ley N° 6622/2020 o “Ley Godoy”, que establece medidas de racionalización del gasto público.
Gastos en servicios personales
El gasto en servicios personales, además de prever el fondo de recategorización salarial, también contempla más recursos para jornales, honorarios profesionales, servicios técnicos y profesionales varios, que habitualmente se utilizan para contratar personal.
Según el presupuesto aprobado, el Congreso tiene asignado un presupuesto total de G, 174.760 millones (US$ 23 millones), que implica un incremento de 4% con respecto al proyecto del Poder Ejecutivo y lo aprobado por la Cámara de Diputados.
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De este monto total, se prevé para servicios personales G. 120.213 millones (US$ 15,8 millones), lo que representa un incremento de G. 22.579 millones (US$ 2,9 millones) y equivale a 23% más.
A la Cámara de Senadores se le aprobó un presupuesto total de G. 230.395 millones (US$ 30,4 millones), lo que significa un incremento de 15,5% con relación proyecto Ejecutivo y 8% con respecto a lo aprobado por Diputados.
De este monto total, a los servicios personales se le destina G. 211.210 millones (US$ 29,9 millones), que implica un incremento de G. 31.403 millones (US$ 4,1 millones) y equivale a 17,4% más con respecto al proyecto Ejecutivo; y G. 19.704 millones (US$ 2,6 millones) más y equivale a 10% con relación a lo aprobado por Diputados.
Presupuesto de Diputados no contempla
En el caso del presupuesto de la Cámara de Diputados, de acuerdo al dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado que fue aprobado, no incluye el fondo de recategorización salarial.
A Diputados se le aprobó un presupuesto total de G. 312.891 millones (US$ 41,3 millones), lo que implica una reducción de G. 397,8 millones con respecto a la media sanción de la Cámara Baja, de esto para servicios personales irán G. 278.846 millones (US$ 36,8 millones), que representa un incremento del 2% con respecto a lo establecido por Diputados.
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El presupuesto aprobado ayer por el Senado, a pesar de que vuelve a consideración de Diputados, es la que será sancionada atendiendo que la Cámara Alta es la que tiene la decisión final sobre el proyecto de presupuesto.
Santiago Peña, presidente de la República, ya anunció que promulgará la ley de PGN 2025 a pesar de todos los aumentos y creaciones de cargos incluidos por los parlamentarios, para beneficio propio, de familiares y de la clientela política.
