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La Cámara de Senadores decidirá mañana, en sesión extraordinaria, sobre el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2025.
El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que tomando como base de estudio el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso introdujo modificaciones al plan original presentado por el Poder Ejecutivo.
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Los diputados recortaron gastos considerados superfluos y destinaron los recursos, principalmente, a creaciones de cargos, aumento salarial, nivelación salarial y otros gastos rígidos, así como elevaron la estimación de ingresos y la autorización para emitir bonos para calzar las modificaciones.
Seguro vip, combustibles y gasto de representación
La bicameral recomendó igualmente el pago de un seguro médico vip de G. 1.200.000 mensuales y vales de combustibles de G. 5.000.000 mensuales, ambos beneficios extraordinarios para los 80 diputados y 45 senadores.
Diputados aceptó el vale de combustible, pero rechazó el seguro médico, y tras darle la media sanción al PGN 2025, remitió al Senado para su sanción.
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Las comisiones de Hacienda y Presupuesto; y de Cuentas y Control de la cámara alta, emitieron un dictamen conjunto recomendando rechazar el vale de combustible, pero a cambio destinar estos G. 5.000.000 previstos para aumentarse el gasto de representación.
Los últimos datos que se maneja, incluso, hablan de que del seguro médico vip se destinará G. 1.000.000 para que el aumento en realidad sea de G. 6.000.000, que se distribuirán entre la dieta y gastos de representación que reciben todos los legisladores.
Aumenta el hartazgo de la gente
ABC pidió su opinión al economista y exministro de Hacienda, César Barreto, sobre estos autoaumentos pretendidos por los diputados y senadores.
Barreto expresó que en un mundo ideal, los líderes políticos son los primeros que deberían dar señales con su comportamiento y sus decisiones respecto de las prioridades que tiene nuestro país en términos presupuestarios.
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Señaló, ese contexto, la distribución de los escasos recursos con los que cuenta el Estado para atender las múltiples necesidades en materia de salud, seguridad ciudadana, educación pública, infraestructura básica, entre otras.
A su criterio, sin embargo, en nuestro mundo real se preocupan de la jubilación parlamentaria, de tener más contratados, y ahora de aumentar sus propias remuneraciones.
“En algún momento, alguna chispa va a provocar una reacción ciudadana como ocurrió en otros países. Estos mensajes políticos van aumentando el hartazgo”, afirmó de manera categórica el economista.
Parlamentarios se excluyen de cumplir las leyes
Los senadores y diputados para autoadjudicarse los beneficios extraordinarios simplemente incluyen artículos en la ley de presupuesto, que exceptúan al Congreso de la aplicación de leyes que ellos mismos promovieron y aprobaron para supuestamente racionalizar el gasto público.
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Por ejemplo, la Ley N° 6622/2020 o “Ley Godoy”, que establece medidas de racionalización del gasto público; la Ley N° 6954/2022, que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios del los tres Poderes del Estado y de los organismos y entidades del Estado.
También pretenden reponer un artículo que había sido eliminado de la ley de presupuesto 2020, que permite a las autoridades pasajes aéreos en primera clase para sus viajes misionales, que hoy solo está autorizado a presidentes y vicepresidentes de los tres Poderes del Estado.