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En términos nominales, las prestaciones sociales pasaron de G. 2,95 billones (US$ 685 millones) en 2013 a un pico de G. 9,16 billones (US$ 1.256 millones) en 2023. El año 2020 marcó un punto de inflexión debido a la pandemia de covid-19 cuando alcanzaron un nivel récord de G. 9,083 billones, reflejo de las políticas de emergencia implementadas para mitigar el impacto económico y social de la crisis sanitaria. Durante ese periodo, se crearon programas de asistencias sociales para proteger a las familias más afectadas por la pérdida de empleo y la contracción de la actividad económica.
De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se destinaron alrededor de G. 7,48 billones a octubre de 2024, 3% más que en el mismo periodo de 2023.
Solo para este año se habían presupuestado unos US$ 450 millones para los subsidios estatales, siendo el de adultos mayores en pobreza el de mayor impacto por más de US$ 330 millones. Por su parte, en el programa Tekoporã se contemplaron aproximadamente US$ 100 millones de recursos.
Además del crecimiento registrado en los programas de asistencia, en los últimos casi diez años, el descalce de la Caja Fiscal también ha sumado al aumento de las prestaciones sociales. Así, el promedio anual ha superado los G. 700.000 millones, siendo el descalce de este 2024, G. 1,8 billones, más de US$ 230 millones. Este importante saldo negativo ha sido respondido en parte con recursos de los sectores superavitarios, reservas jubilatorias e impuestos, es decir, del pago que realizan los contribuyentes en concepto de tributos.
Perspectivas
Mirando hacia adelante, el principal reto será equilibrar la sostenibilidad fiscal ante la creciente demanda de las prestaciones sociales, resultado de una población cada vez más envejecida. Este escenario debería obligar al Estado a repensar su estrategia desde fortalecer los programas dirigidos a la primera infancia, que tienen efectos a largo plazo en la reducción de la pobreza y la desigualdad, hasta el diseño e implementación de políticas de generación de empleos formales para la incorporación de los trabajadores al sistema previsional a fin de contar con la cobertura en la vejez y romper la dependencia de la asistencia pública.
El éxito de las acciones públicas se debe traducir en la reducción de los programas sociales y de los recursos destinados para el sostenimiento del sistema previsional del sector público.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.