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La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones, en sesión extraordinaria del pasado lunes 11, el proyecto de ley de PGN 2025 presentado por el Poder Ejecutivo el 30 de agosto.
El proyecto de ley con media sanción está actualmente a consideración de la Cámara de Senadores, que tiene plazo hasta el próximo jueves 28 para expedirse sobre las modificaciones.
Además de los cambios aprobados por Diputados en lo que respeta a recursos y gastos asignados a las diversas instituciones públicas, así como el aumento en la emisión de bonos, también introdujo modificaciones en el articulado del proyecto de ley.
Una de las modificaciones fue la inclusión de un programa de “retiro incentivado” para funcionarios, al margen del programa de retiro voluntario que se aplica desde hace años.
Cuatro programas, pero el Estado sigue creciendo
El proyecto de ley de presupuesto, de esta manera, contempla cuatro programas: retiro voluntario para funcionarios permanentes, desprecarización laboral para el personal contratado que tenga un mínimo de 4 años de servicio, retiro para el personal contratado con vinculación laboral del al menos 10 años y, ahora se le sumó, el retiro incentivado para funcionarios permanentes.
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Todos estos programas tienen supuestamente el objetivo de reducir la cantidad de cargos públicos y el gasto salarial, pero a pesar de los miles de millones ya destinados para el efecto el Estado sigue creciendo cada año.
Según los datos comparativos entre el presupuesto vigente y el proyecto para el año venidero, como ejemplo se puede citar que el gasto salarial de la administración central crece 8,3% y la cantidad de cargos permanentes pasa de 319.322 a un total de 331.300, sin incluir a los contratados que se estima suman 50.000 personas.
Programa de retiro voluntario
El proyecto de ley del PGN 2025 dispone que los organismos y entidades del Estado, de acuerdo a la disponibilidad de créditos presupuestarios, podrán implementar el retiro voluntario de funcionarios públicos de la carrera civil.
Los funcionarios que se acojan al programa tendrán derecho a una compensación para su desvinculación laboral sin perjuicio de la jubilación o devolución de aportes de acuerdo al régimen legal de las respectivas cajas de jubilaciones.
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Se establece que por cada tres funcionarios que se acojan al retiro voluntario, el Equipo Económico Nacional (EEN), habilitará un cargo vacante previsto en el anexo del personal de las entidades, para la incorporación de funcionarios, mediante los procedimientos previstos en las disposiciones legales vigentes.
La ley vigente y el proyecto de ley para el próximo año mantiene las siguientes condiciones que deberán cumplir el personal público para acceder al programa:
a) Que tengan cumplidos hasta cincuenta y nueve años de edad y más de 20 (veinte años) de antigüedad en la Función Pública.
b) Quienes tengan sesenta y cinco años de edad y más, y no reúnan los años de aportes requeridos para la jubilación obligatoria.
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Expresa que los funcionarios que se hayan acogido al régimen jubilatorio no podrán ser reincorporados a la administración pública, con las excepciones previstas en el artículo 143 de la Ley N° 1626/2000 de la Función Pública, modificada por la Ley N° 3989/2010.
Además, los funcionarios que se hayan acogido al retiro voluntario no podrán ser incorporados a la administración pública por 10 años, salvo para el caso que ocupen cargos de conducción política.
Programa de retiro incentivado
El PGN 2025 con media sanción de Diputados, sin embargo, incorpora un nuevo párrafo que establece que “Independientemente al Retiro Voluntario, los Organismos y Entidades del Estado (OEE), podrán aplicar el programa de Retiro Incentivado, diferente a programas generales de Retiro Voluntario, siempre y cuando sean menos onerosas para el Estado, que será aplicado conforme a la reglamentación institucional y al crédito presupuestario”.
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A diferencia del retiro voluntario, no establece requisitos para acceder al programa ni prohibiciones de volver a contratar posteriormente.
Los antecedentes más inmediatos de este tipo de programas es el implementado este año por el Senado y el año pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Senadores pagó G. 4.238 millones a 11 funcionarios para acogerse al “retiro incentivado”, que supuestamente era para reducir gastos y el número de direcciones, pero el Congreso continúa superpoblado de clientes políticos y de “nepobabies” (hijos y parientes de las autoridades) con millonarios sueldos.
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El MEF, por su parte, aplicó un programa de desvinculación laboral anticipada, al margen del retiro voluntario, para 137 funcionarios permanentes y pagó G. 37.963 millones.
Desprecarización y retiro para contratados
En cuanto al programa de desprecarización laboral, cada año incorpora a contratados como funcionarios permanentes, pero el número de contratados continúa debido a que otros ocupan el lugar liberado.
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Con respecto al retiro incentivado para contratados, se dispone que en el marco del reordenamiento y aprovechamiento efectivo del capital humano administrativo con vínculo temporal en calidad de personal contratado de al menos 10 años de servicios ininterrumpidos.
Este programa se aplicará de acuerdo con el reglamento a ser establecido para el efecto, siempre y cuando los organismos del Estado tengan disponibilidad presupuestaria al efecto de su implementación.