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Desde hace muchos años que firmas poco o nada conocidas han conseguido ingresar productos al mercado paraguayo “puenteando” el Código Sanitario y normas afines, cuyas exigencias tienen entre sus objetivo garantizar la trazabilidad e inocuidad de las mercaderías. Lo hacen promoviendo acciones de inconstitucionalidad contra dichas reglamentaciones y solicitando medidas cautelares que suspendan los efectos de esas normativas, mientras la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analiza la cuestión de fondo. Pero tal y como lo vienen denunciando varios gremios empresariales, esas “medidas transitorias se vuelven eternas”.
ABC accedió al listado de acciones impulsadas en la última década y, según se puede observar, todas las “empresas” involucradas tienen un dudoso origen. Aún así, la CSJ las ha beneficiado con medidas cautelares y en el caso de “Suntec Company SA”, hasta hizo lugar parcialmente a una acción que de 2014 (ver cuadro).
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Desde hace años meten productos sin licencias
Suntec accionó contra los decretos Nº 3.214/09, N° 8790/2006 y N° 8.830/2006, que hacen referencia a requisitos para la importación y comercialización de productos de higiene personal, cosméticos, perfumería y productos domisanitarios de riesgo, así como la exigencia de licencia previa de importación a ser expedida por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y las tasas reguladas. La acción también fue contra la Resolución N° 1029/2008, la resolución N° 432/08 y otras, relacionadas con el mismo rubro.
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se trata de una firma de Hernandarias, cuyos beneficiarios finales son los ciudadanos Carmen Aida Russo Galeano y Ali Jamil Farhat. Esta impulsó varias acciones en 2016 y en una de ellas, el expediente sigue abierto hasta hoy. Es decir, la Corte no resolvió la cuestión de fondo pero vía medida cautelar, ha permitido que en todo este tiempo se pueda importar productos sin cumplir las exigencias de las normativas.
Los datos de la máxima autoridad del Poder Judicial también dan cuenta que en 2016 y 2019, la firma “Borgaro SA”, constituida en el extranjero según MEF, tiene igualmente un expediente que a la fecha no se ha resuelto. Se trata de una sociedad cuyos beneficiarios finales son del Grupo Cogorno, que en el 2017 impulsó otras acciones pero la Corte las rechazó.
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Llamativamente, todas las firmas son de Alto Paraná
“Real Service Import SRL”, de Mbaracayu (Alto Paraná), es otra de las que impulsó en 2020 una acción, pero en este caso sin éxito. Figuran como sus propietarios Fabio Aiva Méndez y Eladio Giménez Villagra.
Años después, otras firmas originadas en el Este del país y presuntamente de maletín también se sumaron a la “lluvia” de acciones ante la Corte contra el Código Sanitario y normas afines, pero ya no se limitaron a los productos domisanitarios y similares, sino también a los alimentos de consumo de adultos e incluso, niños.
Esos son los casos de “GGG Import Export SA”, de Mario Gustavo y Esther Ana Beatriz Pitta Adorno, Ramón Santacruz Retamozo y Mirta Elizabeth Urunaga Cristaldo (2022); “Pro Confort Paraguay SACI”, de Marcos Aurelio Galeano Sánchez (2023); “L.A. Bussines SA”, de Luis Fernández Álvarez Jaramillo y Sandra de Oliveira (2023); “Gravity Tel SA”, de Ali Hani Nader y Hussein Nader (2023); y “Brisas del Paraná”, de los ciudadanos Hihcam Mohamad Nassar y Ghassan Mohamad Nassar (2023).
L.A. Bussines, salpicada en caso “A Ultranza”
“L.A. Bussines” resalta porque sus beneficiarios finales aparecen salpicados en el caso “A Ultranza” y porque su oficina física no fue encontrada por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN). Aún así, esta empresa “de maletín” desde febrero desde este año está metiendo productos alimenticios sin las licencias sanitarias correspondientes, a través de las medidas cautelares otorgadas por la CSJ. Y esos alimentos y bebidas se estaban comercializando en Fortis Mayorista (de los Cogorno), según corroboró INAN en verificaciones realizadas semanas atrás.
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“Es decisión de la Corte”
Recientemente, ABC consultó a Felipe Cogorno al respecto y este respondió, vía WhatsApp: “Si eventuales proveedores adquieren sin registro de Inam es por decisión de la Corte, para garantir el libre mercado y que no usen las instituciones para el monopolio” (sic).
Sobre la misteriosa dirección de LA Bussines, que ni la misma INAN encuentra, dijo: “Fortis no visita a proveedores. Los mismos visitan nuestras empresa y entregan los productos en nuestros locales”.
Con relación a una denuncia de un vino sin registro sanitario que al parecer vendió Fortis a una clienta, que después denunció que estaba “picado”, dijo que es algo falso. “Lastimosamente los medios respaldan a ciertas falsas denuncias porque defienden intereses comerciales de sus propietarios. Inam deberá resolver en el sumario lo que corresponde, pero cuando salga la decisión a favor de Fortis la prensa ya no va a informar”.