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Desde la perspectiva de la ventana crítica de oportunidad que significa el desarrollo infantil temprano durante los primeros 1.000 días de vida, la inversión en la primera infancia es una política sumamente eficaz en función de los costos (Heckman y Masterov, 2007), al igual que ocurre con la segunda ventana de oportunidad que representa la adolescencia (UNICEF, 2017).
En 2022, cerca de una cuarta parte de los hogares con niñas, niños y adolescentes permanecieron excluidos de cualquier tipo de protección social, revelando una significativa brecha en la cobertura de estas políticas. La ausencia de redes de apoyo no solo impacta el bienestar de esta población, sino que limita oportunidades clave para su desarrollo integral.
Esta situación compromete el desarrollo del capital humano, elemento clave para el crecimiento sostenible. La infancia en situación de pobreza enfrenta limitaciones para el acceso a educación, salud y alimentación adecuada, lo que ancla un círculo de desigualdad que limita la movilidad social y la productividad futura.
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Desde una perspectiva económica, implica una pérdida de potencial para el país. La inversión pública insuficiente en programas de apoyo a la niñez, en infraestructura educativa y sanitaria dificulta generar condiciones que fomenten una población activa preparada. En lo social, una juventud sin oportunidades alimenta la marginalidad y refuerza desigualdades estructurales.
La protección social no contributiva emerge como una herramienta esencial para abordar estas carencias. Experiencias internacionales, como las observadas en las sociedades nórdicas, destacan la efectividad de políticas de cuidado infantil, licencias parentales y prestaciones familiares en la reducción de desigualdades, según Esping-Andersen (2013). Estos instrumentos han demostrado un impacto positivo tanto en la infancia como en los hogares, al facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y mejorar los ingresos familiares.
El enfoque en políticas orientadas a la infancia genera un efecto multiplicador: no solo se fortalece el desarrollo físico y cognitivo de niñas y niños, sino que también se crean condiciones para que los cuidadores, en su mayoría mujeres, accedan a más opciones de empleo. Este modelo contribuye a cerrar brechas de género y a diversificar las fuentes de ingreso del hogar, lo que a largo plazo fortalece la economía familiar.
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Una mirada a las estadísticas de Paraguay
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 1.836.765 de la población de 0 a 17 años de edad en 2023, el 7,8% se encontraba dentro de la pobreza extrema y el 25% formaba parte del grupo considerado como pobre no extremo. Si bien se observa una reducción con respecto al 2022 cuando afectaba al 36% del segmento, la mayor concentración de la pobreza en determinados departamentos del país como Concepción, Canindeyú y Caazapá sigue siendo considerable. Igualmente, en las zonas de menor porcentaje como Asunción y Central, tal como se expone en el gráfico.
Por tanto y en la misma línea que la CEPAL, fortalecer y expandir la cobertura de protección social para la infancia y adolescencia no solo responde a un imperativo de justicia social, sino que constituye una estrategia clave para construir sociedades más equitativas y resilientes frente a la desigualdad estructural.
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* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.