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Tras las intensas presiones de parte de socios globales de la Unión Europea, finalmente se postergó la implementación del reglamento 1115/2023, que dispone el veto a la importación en el bloque de productos cuyo origen haya sido producto de la deforestación, aunque los plazos y las exigencias de la normativa generaron muchos cuestionamientos.
La normativa busca evitar que materias primas como la carne, la soja, la madera y sus derivados consumidos en la UE hayan generado deforestación después de 2020. Con la nueva resolución del Parlamento Europeo, se prevé que la reglamentación entre en vigencia a finales de diciembre de 2025 para las grandes empresas, mientras que en julio de 2026 para las pequeñas y medianas.
Asociaciones locales como la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) y la Unión de Gremios de Producción (UGP) se mostraron conformes con la decisión del Parlamento Europeo de postergar la entrada en vigencia del reglamento 1115, que consideraron debe ser “voluntario” para quienes deseen comercializar con el bloque, y no de forma “unilateral” o como “imposición” para los países de la región.
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Freno para el desarrollo
Alfred Fast, titular de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), insistió en que la aplicación de la normativa se debió realizar “entre privados” y no como un intento de imposición de leyes a los sistemas jurídicos de las naciones, afectando así a Paraguay.
“Mal aplicada, la normativa podía frenar el desarrollo nacional, sobre todo en el Chaco, limitando las actividades productivas. Se debe aplicar de forma voluntaria, entre privados y quienes quieran comercializar con el bloque. Es nuestro Estado el que debe tener control sobre las leyes de producción que rigen a nivel local”, enfatizó.
Fast aclaró que el sector productivo nacional seguirá trabajando en conquistar mercados, pero insistió en que por medio de la colaboración publico privada se debe analizar que es lo que más le conviene a Paraguay. “Disposiciones en ese reglamento castigan nuestra producción y no con un manto ambientalista, sino como defensa para proteger su producción (en Europa). No debe ser unilateral, sino un acuerdo de ‘gana-gana”, reiteró.
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Suspensión anunciada
Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), señaló que ya se venía anunciando la suspensión del reglamento 1115, atendiendo los cuestionamientos que recibió de parte de los socios globales de la Unión Europea. Lamentó que, desde el inicio, la normativa no tuvo “espíritu de cooperación” entre países, sino que se trató de imponer como una decisión unilateral.
“Las exigencias del reglamento 1115 no condicen con la realidad del comercio internacional y la sostenibilidad de la producción. Además, genera muchas más dudas que certezas. No se basa en criterios científicos, sino en una decisión unilateral, que no muestra espíritu de cooperación entre países para acordar a nivel regional y comercializar”, cuestionó.
Cristaldo también resaltó que, de implementarse en las condiciones actuales, la normativa se convertiría en un freno para el desarrollo del Paraguay y aseguró que seguirán monitoreando qué modificaciones se plantearán ahora al reglamento 1115. “Todavía hay un año más de tiempo para preparar la metodología que va a tener que usar el que decida venderle a Europa, de forma voluntaria”, aseguró.