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El proyecto de ley de PGN 2025 fue remitido a las comisiones del Senado, para que emitan sus respectivos dictámenes sobre lo aprobado por Diputados.
La Cámara Baja dio media sanción al proyecto en la sesión extraordinaria realizada el último lunes, sobre la base del dictamen emitido por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.
El PGN aprobado asciende US$ 132,9 billones (US$ 17.560 millones), lo que implica G. 25.374 millones (US$ 3,3 millones) más con relación al proyecto que había presentado el Poder Ejecutivo el 30 de agosto.
Recorte de gastos y vales de combustible
Los parlamentarios confirmaron recortes por más de G. 159.000 millones (US$ 21 millones) y su redistribución a diversas instituciones, en su mayor parte para creación de cargos, aumento salarial, bonificaciones, por lo que el gasto se volverá más rígido de confirmarse estas modificaciones.
En la lista de los beneficiarios del aumento están la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de la Defensa Pública, Diben, Senadis, Universidad Nacional de Asunción (UNA) y las universidades nacionales del interior, Salud Pública, entre otros.
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Además, a pesar de las críticas de la ciudadanía, los parlamentarios se autoasignaron vales de combustible por G. 5.000.000 mensuales y se aseguraron la jubilación vip con el subsidio que seguirá aportando el Tesoro Público para financiar la Caja Parlamentaria.
Dentro de este paquete de privilegios extraordinarios, sin embargo, se rechazó la propuesta de la comisión bicameral de otorgar seguro médico vip, por G. 1.200.00, a cada legislador (125 en total).
Vía libre para seguir contratando “nepobabies”
Otro beneficio criticado por la ciudadanía, pero que fue aprobado, es el artículo que exceptúa al Poder Legislativo y al Poder Judicial de las disposiciones de la Ley de la Función Pública y de la “Ley Godoy”, que permitirá a estos poderes del Estado realizar nombramientos, contrataciones y promociones de cargos eludiendo los requisitos legales establecidos.
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Esta autoexoneración de las prohibiciones legales posibilitará a los parlamentarios continuar con la práctica de nombramientos directos de los “nepobabies” (hijos y parientes de las principales autoridades) en cargos públicos, con millonarios salarios, así como también cumplir con la clientela política.
La Cámara Alta tiene un plazo de 15 días para decidir sobre el punto y de aceptar las modificaciones de Diputados, el proyecto de ley quedará sancionado y pasará al Ejecutivo para su promulgación. En cambio, si no lo acepta, volverá a la Cámara Baja para una segunda revisión en el mes de diciembre.