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En términos generales, en el primer trimestre de 2022, el ingreso promedio para el total de la población era de G. 2.391.200, mientras que en el tercer trimestre de 2024 alcanzó G. 2.928.900, un incremento del 22%. Sin embargo, esta mejora no ha sido equitativa para todos los sectores de la población, en particular cuando se observa la segmentación por género que, en el periodo de análisis, los hombres han mantenido consistentemente ingresos más altos que las mujeres, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, entre enero a marzo de 2022, un trabajador percibía en promedio G. 2.626.800 frente a los G. 2.056.700 que representó para una trabajadora, es decir, alrededor de G. 570.000 menos. Esta brecha aumenta en unos G. 685.000 en el tercer trimestre de este año, cuando el ingreso de los hombres se ubicó en G. 3.207.800, mientras que el de las mujeres fue significativamente menor, alcanzando G. 2.523.400.
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Las mujeres, aunque participan activamente en el mercado laboral (42,5% de la población ocupada), tienden a concentrarse en empleos con salarios más bajos y casi nula estabilidad. Por mencionar factores como el menor acceso a cargos de liderazgo, las barreras para insertarse a ciertos sectores (tecnológico o industrial), entre otras condiciones, alejan la posibilidad de ir acortando esta brecha.
Asimismo, el contexto social es de importante incidencia. Las expectativas de género y la carga de responsabilidades familiares que recaen mayormente en las mujeres limitan su participación plena y equitativa en el mercado laboral. Generalmente, son las principales responsables de las tareas de cuidado, lo cual reduce sus posibilidades de trabajar en empleos de tiempo completo o de invertir en su desarrollo profesional, factores que afectan directamente sus ingresos. Esta desigualdad no solo tiene un impacto directo en el bienestar de las personas, sino que también afecta al potencial del desarrollo y crecimiento económico del país.
Las familias con ingresos más bajos, en su mayoría encabezadas por mujeres, tienen menos capacidad de ahorro e inversión en educación y salud, lo que marca un ciclo de pobreza intergeneracional. Hace dos décadas, la jefatura masculina representaba el 74,1% frente al 25,9% de la femenina. Al último dato, las mujeres jefas de hogar son el 41% y los hombres, el 59% del total.
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Políticas con mirada de género
Ante el escenario expuesto es necesario el diseño e implementación de políticas que promuevan la igualdad de género en el empleo, como la implementación de programas de capacitación y la creación de incentivos para la contratación equitativa.
Paraguay tiene ante sí el desafío de promover un crecimiento económico inclusivo que aborde las disparidades de ingresos entre géneros. La implementación de políticas de equidad salarial y el fortalecimiento de programas de apoyo para la conciliación laboral y familiar son algunas de las medidas que podrían contribuir a reducir esta brecha. Además, fomentar la capacitación en sectores emergentes, como las vinculadas a la tecnología de la información y la comunicación, podría abrir nuevas oportunidades laborales y mejorar los ingresos para este segmento de la población.
Finalmente, la situación representa tanto un reto como una oportunidad. Si se logran avances en la equidad de género en el mercado laboral, el país podrá no solo mejorar la calidad de vida de las mujeres trabajadoras, sino también impulsar un crecimiento económico más sólido y sostenible.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.