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Petróleos Paraguayos (Petropar), dirigido por Eddie Jara, rechazó la propuesta de acuerdo que había presentado la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, ante el juzgado civil y comercial del segundo turno de la capital, a cargo del juez Arnaldo Martínez Rozzano, que lleva el caso de la demanda de la petrolera pública, tras el fracasado contrato de compra de gasoil, por más de US$ 51 millones.
En este sentido, la empresa de la corredora de rally ofreció el pago de solo US$ 150.000 a la petrolera pública para ser desembolsado en 10 cuotas de US$ 15.000 y de esta forma poner fin al juicio en curso. La propuesta fue presentada por el abogado Francisco López Ovelar el 30 de mayo último ante el citado juzgado.
“En relación con la propuesta de acuerdo formulada por AP SA, Petropar rechaza enfáticamente, puesto que la misma dista mucho de las pretensiones expuestas por Petropar en la presente demanda”, resaltó la estatal en su contestación ante el juez Martínez, la cual tiene la firma del abogado Jose María Ayala de Vargas, representante de la petrolera pública en este caso.
De esta manera la estatal rechazó la propuesta de AP SA, con la cual la firma pretendía abonar 10 veces menos que los US$ 1,5 millones que le debe pagar a Petropar, tras la cancelación de su contrato, que es el monto que se comprometió en una garantía de mantenimiento de oferta, que la compañía de Lafarja presentó en formato de declaración jurada.
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Petropar también rechazó las excepciones de incompetencia y convenio arbitral que planteó la firma
Esta propuesta de acuerdo “amistoso” que había presentado la firma de Lafarja se concretó luego de que la empresa haya presentado el 7 de mayo último otro escrito ante el juzgado para “oponer excepciones de incompetencia de jurisdicción y convenio arbitral como de previo y especial pronunciamiento”.
Concretamente, con este petitorio AP SA planteó un pedido de incompetencia del juzgado ordinario que lleva el caso de la demanda de Petropar y buscaba que el caso se resuelva en un arbitraje “como está establecido en el contrato”, según la firma.
Pero Petropar también rechazó este petitorio de AP SA alegando que el contrato nunca entró en vigencia, porque justamente la empresa incumplió con la presentación de la garantía de fiel cumplimiento del mismo, por lo que el contrato fue rescindido.
“El objeto de la demanda proviene de la promesa unilateral de pago, pura y simple, derivada de una declaración jurada, aceptada por Petropar con base a sus facultades regladas como empresa estatal, y que hoy constituye un crédito pecuniario vencido y exigible en dinero y cuyo origen se demuestra con los documentos que se acompañan”, defendió la empresa del Estado.
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Para solicitar la incompetencia del juzgado, la empresa de Lafarja presentó un requerimiento arbitral, pero recién el 3 de mayo último, en la sede del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay. La interpretación de AP SA es que al iniciarse el procedimiento del arbitraje produce la incompetencia del juez interviniente, debiendo resolverse la procedencia de las excepciones de incompetencia de jurisdicción.
Pero después de pedir que el juez se declare incompetente y que se dé por interrumpido el plazo para contestar la demanda, la empresa AP SA presentó una propuesta con la que buscaba pagar menos a Petropar.
En este sentido, Petropar argumentó: “El análisis e interpretación que realiza la adversa es un razonamiento caprichoso, incoherente, ilógico e irracional que atenta contra el sentido común, razón por la cual no resiste análisis alguno para ser tenido en cuenta como un argumento jurídico válido, motivo por el que amerita su rechazo por su notoria y manifiesta improcedencia”.
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Los antecedentes de la demanda contra empresa de Andrea Lafarja
Petropar “demandó” ante un juzgado civil y comercial de la capital a la empresa de Lafarja, para poder cobrar los US$ 1,5 millones de la garantía de mantenimiento de oferta de la fallida compra de gasoíl. El caso está desde diciembre del año pasado en el juzgado civil y comercial, que el 13 de febrero último admitió la demanda, a través de una resolución, y ordenó la “agregación de los documentos” de la causa.
Sin embargo, Petropar estaba dilatando el avance del juicio ordinario, por lo que en principio “no había impulso procesal”. La empresa de Lafarja tenía contratos con la Dinac por montos ínfimos, ya sea para la provisión de alfombras, decoración o reparación de acondicionadores de aire. El patrimonio de la firma era de solo US$ 915.021, pero aun así Petropar le adjudicó la compra de diésel por más de US$ 51,5 millones, que finalmente fracasó.
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Otra dudosa compra que podría terminar como el caso de Lafarja
Petropar concretó recientemente la compra de las 100.000 toneladas métricas de gasoil a la firma de Catar, Doha Holding Group LLC, por US$ 61 millones, representado por Alejandro Facundo Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejando Domínguez. Hasta la fecha no hay rastros del combustible que debe proveer esta empresa, por lo que todo apunta a que también se le rescindiría el contrato. Las autoridades de Petropar mantienen un silencio sepulcral sobre el tema.
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Según el contrato publicado esta semana, la empresa debía presentar una garantía de fiel cumplimiento por US$ 3.050.000, caución que hasta la fecha no apareció. En caso de que Doha Holding Group LLC no haya presentado la garantía de fiel cumplimiento del contrato, Petropar debe rescindir con la citada firma y reclamar la garantía de mantenimiento de oferta, también por un monto de US$ 3.050.000, que la empresa catarí presentó como una simple declaración jurada, calcado al caso Lafarja.